Violencia, impunidad y olvido en Colombia: el inquietante informe de la Comisión de la Verdad que alerta por una historia de guerra que podría repetirse

Tres años después de la publicación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Colombia enfrenta una encrucijada crítica. Así lo revela el cuarto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), presentado durante la conmemoración del tercer aniversario del legado de la Comisión.

El documento alerta sobre un preocupante deterioro en la implementación de las 220 recomendaciones emitidas para garantizar la no repetición del conflicto armado y transformar sus causas estructurales.

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El informe, que abarca el periodo de marzo de 2024 a marzo de 2025, reconoce avances puntuales, pero subraya retrocesos significativos y una creciente fragilidad en la voluntad política para consolidar la paz.

“Este informe no solo documenta hechos. Es una alerta moral al país: estamos a tiempo de elegir la vida sobre la guerra, la dignidad sobre la polarización”, señala el documento.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el recrudecimiento de la violencia en diversas regiones del país. Según el Comité, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 460 firmantes. En lo corrido de 2025, 73 líderes y lideresas sociales han perdido la vida.

Además, durante 2024 se reportó un incremento del 60% en el reclutamiento infantil, especialmente en zonas como Catatumbo, Cauca, Antioquia, Arauca, Caquetá y Meta.

El Comité también resalta el aumento de feminicidios y transfeminicidios, que han afectado a lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas Lgbtiq+. Casos como los asesinatos de Sara Millerey y Nawar en Antioquia ejemplifican esta violencia de género y diversidad, la cual sigue impune y sin respuesta estructural por parte del Estado.

“El Gobierno nacional debe redoblar sus esfuerzos para avanzar genuinamente en las negociaciones de paz con todos los grupos armados, priorizando la firma de acuerdos humanitarios que generen alivios inmediatos para la población civil. Todas las partes del conflicto deben comprometerse de manera inmediata con la erradicación del reclutamiento infantil y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario”, señala el informe.

El Comité enfatiza que el cumplimiento de las recomendaciones no es una tarea exclusiva del Gobierno. “Las recomendaciones no son una hoja de ruta exclusiva para el Gobierno nacional, sino un compromiso compartido que interpela al Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades y a la sociedad en general”, se lee en el documento.

El informe alerta sobre la falta de una estructura institucional robusta que garantice la sostenibilidad de las recomendaciones. La inexistencia de un Ministerio de Paz y Reconciliación, propuesto por la CEV, y decisiones como el cierre del Ministerio de la Igualdad, son interpretadas como retrocesos graves.

“Uno de los desafíos más críticos en esta materia que resalta el Comité tiene que ver con la falta de una institucionalidad robusta para la paz lo que provoca que las recomendaciones queden expuestas al vaivén de la voluntad política del gobierno de turno y a las pugnas partidistas”, advierte el informe.

Por ello, se hace un llamado urgente a concretar el Pacto Político Nacional, propuesto por la Comisión desde 2022 y que busca excluir definitivamente las armas de la política, garantizar elecciones libres y proteger la pluralidad de ideas. El Comité propone que el pacto sea liderado desde el Ministerio del Interior, en coordinación con actores sociales y comunitarios, y que contemple “diálogos locales y regionales que incentiven la participación de diversos sectores y rechacen definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos”.

A pesar de los esfuerzos de diversos sectores sociales que han dinamizado el legado de la Comisión, el CSM advierte sobre el riesgo de olvido. “Hay una cierta tranquilidad en la implementación de las recomendaciones del informe final que se está convirtiendo en olvido y ese olvido nos puede pasar una factura muy grande”, expresó Castañeda.

Para el Comité, la paz solo será posible si se atienden con urgencia los llamados a la acción: garantizar la protección de víctimas, acelerar la reincorporación de excombatientes, implementar reformas estructurales y crear condiciones dignas para las comunidades más afectadas por el conflicto.

“El próximo periodo será decisivo para determinar si Colombia logra consolidar los avances alcanzados o, por el contrario, retrocede hacia ciclos de violencia que han marcado su historia. La responsabilidad histórica de las generaciones actuales es inmensa”, concluye el informe.

Pese a las dificultades, el informe también resalta desarrollos positivos. Entre ellos, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la adopción del servicio social para la paz, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y la aprobación del proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.

Asimismo, se destacan la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, el fortalecimiento de la cátedra para la paz en el sistema educativo y los actos públicos de reconocimiento a víctimas en el exilio liderados por la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra.

“El Ministerio de Educación ha logrado avanzar en la cátedra para la paz y celebramos el último informe del Instituto Kroc en el que se pudo reconocer el avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Hay mensajes que dicen que vale la pena el informe de la Comisión de la Verdad porque hay gente que le está poniendo el pecho”, explicó Wilson Castañeda, presidente del Comité.