La Contraloría General de la República puso bajo la lupa a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), una entidad clave para las víctimas del conflicto armado, y lo que encontró levantó serias preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos. Según un informe de auditoría fiscal con vigencia en 2024, conocidos por El Tiempo, el organismo de control identificó seis irregularidades que, en conjunto, podrían representar un posible detrimento patrimonial de más de 13.000 millones de pesos.
Entre las anomalías más llamativas figuran pagos ordenados sin respaldo judicial por más de 6.000 millones de pesos, contratos sin soportes de gasto que superan los 5.000 millones y desembolsos a terceros no reconocidos por la justicia por una suma cercana a los 2.000 millones. Todo esto ocurre en una entidad cuyo mandato es, precisamente, garantizar que los procesos de restitución de tierras se lleven a cabo con rigor jurídico y transparencia.
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Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la desconexión operativa entre dos áreas internas de la misma entidad. “Se evidencia una separación funcional entre la Unidad de Restitución de Tierras y el Grupo Fondo de Restitución de Tierras de la misma entidad, lo cual afecta negativamente la gestión integral de los procesos... no operan de manera articulada ni coordinada, lo que genera fragmentación en la planeación, ejecución y control de los recursos públicos asignados“, se lee en el documento.
Esta falta de articulación interna no es un simple problema administrativo. Según la Contraloría, tiene consecuencias directas en la forma como se ejecutan los recursos. Por ejemplo, se hallaron pagos instruidos por la URT a través del operador Magna Comunicaciones S.A.S., sin que existiera una decisión judicial que los avalara. “Revisados los expedientes remitidos por la Unidad de Restitución de Tierras... se observó que la Unidad a través del Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, instruyó a la Fiduprevisora a realizar el pago de actividades y conceptos de gastos... que no habían sido dispuestos mediante decisión judicial”, advirtió el informe.
Y no solo se trata de la falta de decisiones judiciales. También se identificó que muchos de esos pagos carecen de soportes de legalización. Es decir, no hay documentos que permitan verificar que lo pagado realmente se haya ejecutado. Esto se evidenció en contratos fiduciarios específicos, como el 47 de 2024 y el 2117 de 2023.
El contrato 040 de 2024, por ejemplo, dejó un hueco de más de 2.700 millones de pesos por deficiencias en los soportes de pago. A esto se suman 1.400 millones en el contrato 2117 y 1.200 millones en el contrato 47, este último vinculado con eventos logísticos. En todos los casos, el problema de fondo es el mismo, no se exigieron los documentos necesarios ni se verificaron los costos, lo cual mina la transparencia de la contratación.
Además, el informe expone pagos por más de 2.000 millones de pesos a terceros que no estaban autorizados por sentencia judicial, una omisión grave que compromete la correcta ejecución de fallos judiciales. “La situación se presentó por la omisión en el ejercicio de funciones por parte de la Coordinación del Grupo Fondo de Restitución de Tierras... al no verificar ni exigir los soportes de los cambios en el reconocimiento de pagos a terceros... Esta omisión genera riesgos de desembolsos que no cumplen estrictamente con lo ordenado en los fallos judiciales”, explicó la Contraloría.
El documento también detalló un caso adicional que pone en evidencia el manejo cuestionable de los recursos, un pago de 192 millones de pesos destinado a actividades de otra entidad, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv). “Por lo tanto, el gasto no se encuentra justificado, ni se entiende por qué la URT asume estos compromisos”, concluye el informe.
La auditoría no solo deja al descubierto fallos administrativos, también vacíos de control que afectan directamente los derechos de las víctimas del despojo. La falta de articulación interna, los pagos sin sustento y la débil supervisión de los contratos configuran un panorama que exige respuestas urgentes por parte de la dirección de la URT y de los entes de control.
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