En los primero días de julio de 2025 se produjeron numerosas noticias por cuenta de los resultados de las mediciones que las firmas encuestadoras revelaron. Sin embargo, en los próximos meses podrían quedar prohibidos estos sondeos, al menos, por un periodo determinado antes de la inscripción oficial de candidatos a los comicios electorales de 2026, que incluyen contiendas para el Congreso de la República y Presidencia.
Al proyecto, que fue construido bajo el consenso multipartidista, solo le hace falta la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República. En el momento en que el jefe de Estado sancione la ley y entre en vigencia para los comicios de 2026, estaría prohibido que las firmas encuestadoras presenten ante la opinión pública sondeos, por lo menos, tres meses antes de la fecha de inscripción de candidatos.
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Otra de las reglas que modificaría la entrada en vigencia de esta ley sería la magnitud de las muestras a las que son aplicadas estas mediciones. En el texto quedó establecido que los sondeos deberán incluir, de forma obligatoria, a todos los municipios que según las proyecciones de Dane superen los 800.000 habitantes.
Según el calendario establecido por la Registraduría Nacional para los comicios de 2026, los candidatos deben ser inscritos hasta el 31 de enero de ese año, es decir, las empresas dedicadas a medir la intención de voto podrían publicar encuestas a partir de esa fecha.
La eventual sanción de esta nueva ley pondría en jaque a las campañas de los, por ahora, 75 precandidatos presidenciales. Los sondeos de opinión sirven como herramienta para los equipos ejecuten estrategias políticas y alianzas de acuerdo a las mediciones que arrojan el grado de favorabilidad de los candidatos.
En el texto quedó establecido que entraría en vigencia para la jornada electoral del próximo año y aplicaría para las elecciones venideras.
Las estrategias de los candidatos no son las únicas que se verían afectadas con la promulgación de la ley. Las empresas u organizaciones que financian las campañas de los aspirantes no podrían evaluar las inversiones en el periodo previo al inicio de las campañas, de acuerdo a cifras que midan la percepción del panorama político.
El trámite por el Congreso
El texto fue radicado el 7 de octubre de 2024 con las firmas de más de 25 senadores entre los que se destacan Fabio Amín, del Partido Liberal; Angélica Lozano y Jota Pe Hernández, del Partido Verde; Alfredo Deluque, del Partido de la U; María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, del Centro Democrático; y el exsenador independiente Humberto De la Calle.
Con la aplicación, el proyecto reajustaría las reglas de juego para la labor de las firmas encuestadoras durante los meses previos al inicio formal de las campañas a cargos de elección popular a nivel nacional, departamental y municipal.
Su tránsito por el capitolio tomó por sorpresa a los gerentes de las firmas con mayor credibilidad ante la opinión pública. César Caballero, de Cifras y Conceptos; Martín Orozco, de Invamer; y Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, fueron algunos de los que manifestaron al portal La Silla Vacía su sorpresa por el trámite del proyecto que, según divulgó el medio, se hizo “sin consultarles”.
De acuerdo con lo publicado, las organizaciones encuestadoras estarían estudiando entablar acciones en contra de la entrada en vigencia de la ley.
Las declaraciones de los gerentes de las firmas abogaron por la relevancia de sus mediciones antes, durante y después de los procesos electorales.
“La gente no podrá expresarse a través de un método científico comprobado, que sí es contratado y publicado por un medio de comunicación de alcance nacional, le permite a la población saber hacia dónde van las preferencias”, aseguró Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, una de las más populares y con mayor credibilidad en el país.
Por su parte, la senadora Angelica Lozano, una de las autoras del proyecto, aseguró que es una iniciativa que se intentó aprobar en al menos dos ocasiones en el pasado.
Cabe destacar que la idea de regular las mediciones de opinión fue incluida por los dos Códigos Electorales aprobados por el Congreso durante el Gobierno Petro, pero que fueron desestimados por la Corte Constitucional por problemas en el trámite.
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