Capturado funcionario de la Defensa Civil que habría abusado a una menor indígena en Cota, Cundinamarca: la víctima quedó embarazada

Las autoridades reportaron la captura de un funcionario voluntario de la Defensa Civil, acusado de un presunto abuso sexual contra una menor de once años.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca, donde se mencionó que la víctima de los abusos había quedado en estado de embarazo.

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El caso salió a la luz cuando la institución educativa donde estudia la víctima alertó a las autoridades sobre posibles situaciones de abuso. La denuncia activó la intervención de la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, que pusieron en marcha la “ruta blanca”, un protocolo especial de atención, y legalizaron la captura del presunto agresor.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación detalló que el coordinador operativo de la Defensa Civil no solo habría cometido actos sexuales en contra de la menor, sino que la habría obligado a tomarse fotografías y videos de contenido sexual.

Además, el ente acusatorio aseguró que cuenta con elementos probatorios que vinculan directamente al funcionario con los hechos. Además, las autoridades investigan si la madre de la menor pudo haber tenido algún grado de participación en el caso.

De acuerdo con el medio local Canal 8 de Cota, el funcionario fue identificado como Jhon Alexander Cruz Salgarra, quien se desempeñaba como coordinador operativo de la Defensa Civil en el municipio cundinamarqués.

Por el momento, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización. Por su parte, la menor permanece bajo custodia y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en donde se encuentra recibiendo el acompañamiento y apoyo psicológico necesarios.

Este caso de abuso sexual contra menores de edad ha generado conmoción tanto en las autoridades locales como en los habitantes del municipio de Cota, Cundinamarca.

El secretario de Gobierno de Cota, Daniel Manchola, expresó su repudio ante los hechos e instó a la comunidad a fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez en el territorio.

“Rechazamos con contundencia cualquier acto violento en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio. Es lamentable que estos hechos que enlutan de algún modo a la población se generen”, expresó el funcionario en declaraciones a Caracol Radio.

Por su parte, la Defensa Civil Colombiana anunció la apertura de una investigación preliminar contra el coordinador operativo de la entidad en Cota.

“Ante la gravedad de las denuncias a través de diferentes medios de comunicación, relacionadas con la captura de un voluntario al servicio de la Defensa Civil Colombiana por presunto abuso sexual infantil (...) se dio inicio a una investigación disciplinaria en contra del citado voluntario, por la presunta comisión de una falta gravísima”, manifestó la Defensa Civil en un comunicado.

Entre las acciones tomadas, la Defensa Civil decretó “la suspensión provisional del voluntario, en aras de velar por los derechos de la víctima, del indiciado y de terceros que pueden verse afectados”. La organización subrayó la importancia de proteger tanto a la presunta víctima como a las demás personas involucradas o potencialmente afectadas por el caso.

La captura del funcionario de la Defensa Civil en Cota (Cundinamarca) se suma a otro caso registrado en Bogotá, donde la Policía Metropolitana capturó a la profesora Erika Vanesa Orrego Velandia, acusada de presunto abuso sexual infantil en una institución escolar del barrio Ciudad de Cali, en el occidente de la ciudad.

La detención se realizó tras la denuncia de la madre de una niña de cuatro años, en el que relató que los hechos ocurrieron entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2025, periodo en el que la menor habría sido víctima de agresiones tanto físicas como psicológicas.

La madre relató a City Tv que otros niños también mostraban miedo y que varios habrían presenciado los actos, aunque solo ella formalizó la denuncia ante las autoridades.

La reacción inmediata de la familia incluyó la activación del protocolo de Código Blanco y la hospitalización de la menor en una EPS, lo que permitió la intervención de las autoridades sanitarias y judiciales.

La Fiscalía aceleró la orden de captura para evitar que la acusada regresara al aula con el inicio del nuevo periodo escolar. El 7 de julio, la Policía detuvo a Orrego Velandia por orden judicial, y un juez dictó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza la investigación.