Los colombianos pierden más de $60 billones cada año por culpa de la violencia: informe sitúa al país en lamentable lugar

La creciente violencia, la pérdida de control territorial y el deterioro de la seguridad jurídica están debilitando la confianza de inversionistas, frenando proyectos productivos y aumentando los costos operativos en múltiples sectores estratégicos. La seguridad, que se creía superada, vuelve a ser una prioridad. Su impacto en la economía es claro. Así lo señala un reciente informe de Corficolombiana denominado “Déjà vu: la costosa inseguridad”.

En el mismo, la advertencia sitúa la inseguridad en el centro del debate público y económico de Colombia al resaltar que la violencia afecta la vida cotidiana y el orden público y se convirtió en una barrera estructural para el crecimiento económico del país.

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El informe, elaborado con datos del Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo, estima que el costo del crimen y la violencia en Colombia alcanzó al menos el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, lo que equivale a casi $61,2 billones, una cifra comparable a cinco reformas tributarias. El impacto, según los responsables del estudio, persiste y se amplía al situar a Colombia como el tercer país de América Latina con mayor costo económico por violencia, solo superado por Honduras y El Salvador.

Dicho cálculo incluye tanto los costos directos —como el gasto público y privado en seguridad y la pérdida de capital humano— como los efectos indirectos, menos tangibles, pero igualmente importantes: la caída en la productividad empresarial, el debilitamiento de la confianza institucional, la reducción del turismo y el menor atractivo para la inversión extranjera directa.

La historia reciente de Colombia muestra que la violencia es un lastre persistente. Durante los años 90, el país figuró entre los más violentos del mundo, con tasas de homicidio que superaron los 80 casos por cada 100.000 habitantes en 1991. Tras una reducción sostenida en la década de 2010, que llevó esta cifra a 23,8 en 2020, la tasa se estancó en torno a los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un repunte preocupante en otros delitos de alto impacto.

“Entre 2022 y 2024, los actos de terrorismo aumentaron 52%, mientras que los ataques a infraestructura crítica crecieron 18%, incluyendo 43 atentados contra oleoductos y 42 voladuras de vías solo en 2024. Estos eventos no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que deterioran las condiciones para la operación de sectores clave como minería, energía y transporte”, detallaron los analistas de Corficolombiana.

El informe también destaca el crecimiento de otros delitos:

• Extorsión: aumentó 38% entre 2022 y 2024
• Secuestros: subieron 49% respecto a los niveles de 2021.
• Invasiones de tierras: alcanzaron 1.005 casos en 2024, muy por encima del promedio histórico de 742.

Todos estos fenómenos, según el documento, contribuyen a elevar los costos operativos, frenar nuevos proyectos y erosionar la confianza institucional, lo que afecta, en especial, a las regiones más ricas en recursos naturales y potencial productivo, como el Catatumbo, el sur del Cauca, Nariño, Putumayo o La Guajira. Un ejemplo ilustrativo es la mina de Cerrejón, que enfrentó más de 300 bloqueos en 2024, lo que impactó gravemente su operatividad y logística.

A este panorama se suma la expansión del narcotráfico. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 252.572 hectáreas cultivadas con coca, un aumento del 10% respecto al año anterior. La producción potencial de cocaína creció 49%, fortaleciendo la capacidad financiera y operativa de los grupos ilegales.

“A esto se suma la expansión del narcotráfico. Según cifras de la ONU, Colombia alcanzó en 2023 un récord de 252.572 hectáreas cultivadas con coca, un aumento del 10% frente al año anterior. La producción potencial de cocaína creció 49%, fortaleciendo la capacidad financiera y operativa de los grupos ilegales”, contaron desde Corficolombiana.

La Defensoría del Pueblo identificó más de 230 municipios en alto riesgo por la presencia de actores armados, lo que compromete la acción del Estado y restringe las decisiones de inversión pública y privada.

Según Corficolombiana, la pérdida de control territorial es uno de los factores que explican la reciente rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poor’s. La agencia advirtió que el deterioro de la seguridad y la pérdida de control territorial, sumados a la fragilidad fiscal, afectan de manera negativa el perfil crediticio del país y elevan su riesgo soberano.

El impacto de la violencia sobre la actividad empresarial es directo y cuantificable. Según la Encuesta de Opinión Industrial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), de abril de 2025, el 32% de las empresas afirmó que la inseguridad afectó las operaciones, lo que se reflejó tanto en el gasto creciente en seguridad como en la interrupción de operaciones logísticas y el aplazamiento de inversiones.

“En zonas de alta criminalidad, las empresas pueden llegar a destinar hasta el 7% de sus ventas anuales a cubrir costos relacionados con la violencia: escoltas, seguros, cierres temporales, rutas alternativas o sobornos. Además, el entorno de inseguridad frena la expansión territorial, limita el crecimiento de las mipymes y perpetúa la informalidad, al hacer inviable la operación formal en muchas zonas rurales o periféricas del país”, afirmaron los autores del informe de Corficolombiana.