
El Ministerio Público le salió al paso a las desinformaciones acerca de que se ratificó la sanción disciplinaria contra Álvaro Leyva Durán, el que fuera el primer ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, quien fue vinculado en señaladas irregularidades dentro del proceso licitatorio para escoger una empresa que elabore los pasaportes en Colombia.
“La Procuraduría General de la Nación desmiente de manera categórica las informaciones divulgadas por algunos medios de comunicación en el sentido de que se habría confirmado en fallo de segunda instancia la destitución del excanciller (...) por su actuación en el proceso licitatorio de los pasaportes”, indicaron en un comunicado.
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Asimismo, precisó el estado actual del caso: “Este proceso se encuentra en apelación, en términos reglamentarios para tomar la decisión que corresponda en derecho y sobre la misma aún no hay decisión de fondo”.
En noviembre de 2024, el ente de control emitió un fallo de primera instancia en el que sancionó al exintegrante del gabinete del jefe de Estado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

“En fallo de primera instancia, la Procuraduría (...) sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro (...) al encontrar probado que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes”, indica el documento del proceso disciplinario.
De acuerdo con el comunicado que publicaron en esa ocasión, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de ese organismo “adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal”

El ente de control detalló que la determinación del entonces canciller se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, Thomas Greg & Sons, pero a pesar de ese escenario, Leyva no estaba habilitado para declarar desierta la licitación, ya que el proponente cumplió con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
Según el documento oficial, Álvaro Leyva Durán incurrió en una “falta gravísima a título de dolo” ya que desconoció con su decisión “los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal”.

“De igual manera, la Procuraduría lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación”, detallaron en la decisión de la entidad.
Hasta el momento, el proceso permanece en trámite de apelación y el ente de control reiteró en sus comunicados oficiales que no existe aún una decisión de fondo por lo que instaron a la opinión pública y a los medios esperar el fallo definitivo.

La información se conoce justo cuando el presidente Petro señaló que no se prorrogará más allá del 1° de septiembre el contrato con Thomas Greg & Sons para que sigan elaborando el documento de identificación para que los connacionales se identifiquen en el exterior.
Esos procesos, según decidió el mandatario, los asumirá la Imprenta Nacional, con la asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal y designó al recién nombrado jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, para que saque adelante ese relevo.

Sin embargo, esta situación provocó una nueva crisis con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que su saliente titular, Laura Sarabia, aseguró que las dos mencionadas entidades no están listas para elaborar los pasaportes.
Pese a ello, Saade desautorizó a la canciller y aseguró que la Imprenta Nacional podrá ejercer esa función en la fecha señalada, lo que tuvo como consecuencia que Sarabia renunciara a su cargo.
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