Durante una nueva publicación en las plataformas sociales, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el impacto político y jurídico que tuvo la revelación del presidente Gustavo Petro en septiembre de 2024, cuando informó públicamente que ajo el gobierno de Iván Duque se había adquirido el software de espionaje Pegasus para interceptar comunicaciones de líderes del Paro Nacional de 2021.
La congresista del Centro Democrático, en su cuenta de X, insistió en que dicha revelación provocó consecuencias de gran escala para la seguridad financiera del país.
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“Ya vamos para un año desde que Gustavo Petro provocó la expulsión de Colombia del Egmont Group of Financial Intelligence Units. Con el cuento de ‘Pegasus’ le dio vía libre a la criminalidad que puede estar campeando en Colombia ahora que no hay cooperación con unidades contra el lavado de activos en otras partes del mundo. ¿A quiénes favoreció?”, fue el mensaje difundido por la senadora.
El Grupo Egmont, conformado por 177 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, suspendió temporalmente a Colombia de su sistema de cooperación a raíz de esa revelación presidencial.
Según explicó el propio director de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, a la cadena W Radio, la comunicación que confirmaba la compra del software espía provenía de la unidad israelí equivalente, y estaba sujeta a cláusulas de confidencialidad.
El funcionario detalló que el documento llegó a su despacho el 27 de agosto de 2024 y que la difusión sin permiso explícito vulneró los protocolos internacionales, un mes después.
La intervención pública del jefe de Estado, en cadena nacional, incluyó la lectura directa de ese documento, lo que activó una serie de alertas tanto en organismos nacionales como internacionales. Llinás sostuvo que si bien el presidente tiene la facultad legal de levantar la reserva de documentos de inteligencia, dicha facultad no elimina las implicaciones diplomáticas ni las consecuencias prácticas en materia de cooperación global.
Las declaraciones de Cabal se suman a otras críticas que emergieron desde sectores de oposición, que consideran que con esa decisión no solo se fracturaron compromisos de confidencialidad, sino que se debilitó la capacidad del país para rastrear operaciones de lavado de activos, crimen organizado transnacional y economías ilegales.
Desde su perspectiva, la suspensión en Egmont representa una pérdida de acceso a información estratégica que, hasta antes del episodio, se compartía a través de un canal seguro con otras agencias internacionales.
La situación no es de albergadura menor, debido a que Colombia, como miembro representante del Grupo Egmont para las Américas y el Caribe junto a República Dominicana, tenía un rol preponderante dentro de la red global de unidades de inteligencia financiera. La suspensión, en ese sentido, se tradujo en una ruptura de los flujos de intercambio de información, lo cual afecta investigaciones en curso y entorpece la trazabilidad de recursos sospechosos que circulan entre jurisdicciones.
Fuentes cercanas a la Presidencia, citadas por el diario El País de España, indicaron que los funcionarios de la Uiaf no fueron informados previamente de que el presidente divulgaría el contenido del documento. Algunos miembros del equipo advirtieron que dicha exposición violaba el acuerdo de confidencialidad suscrito con el Egmont Group, lo que generó una reacción inmediata en los niveles diplomáticos y técnicos de la organización internacional.
Por otro lado, el mismo director de la entidad defendió en su momento la decisión de alertar al presidente sobre la gravedad del contenido, aludiendo a su deber institucional de investigar operaciones sospechosas de lavado de activos. No obstante, también admitió que el único permiso oficial otorgado por la entidad israelí era para compartir el documento con la Fiscalía General de la Nación, no con el público ni con otros órganos del Estado.
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