El director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 161 de 2025, mediante la cual el presidente Gustavo Petro formalizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Galán argumentó que esta medida presidencial “vulnera el orden constitucional y el ordenamiento legal colombiano”, y denunció que la zona podría convertirse en un “refugio para extraditables” y en un espacio de impunidad para actividades criminales.
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Según el exsenador, estas zonas “no son necesarias” y equivalen a zonas de despeje. “Son zonas de distensión, para que estas organizaciones criminales puedan delinquir, puedan narcotraficar, para que se presten como refugio para extraditables que ya fueron pedidos en extradición por los Estados Unidos y cuya extradición fue negada por el gobierno actual”, agregó, mencionando específicamente el caso de Willington Henao Gutiérrez, alias “el Mocho”.
Sobre el funcionamiento de la ZUT
La Resolución 161 firmada por el presidente Petro establece que la ZUT tendrá como objetivo facilitar la implementación de acuerdos con el Frente 33 en el marco de su tránsito a la paz y a la vida civil. Aunque la delimitación geográfica de la zona es de carácter reservado, la norma contempla un plazo de 45 días para trasladar a los integrantes del grupo armado a dicho territorio y comenzar su adecuación.
Durante la vigencia de la ZUT, se suspenderán las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, contra los miembros reconocidos del Frente 33, conforme a la Ley de Orden Público. Asimismo, se establece que las entidades estatales deberán concurrir de forma articulada para implementar programas y proyectos en la zona.
Entre las condiciones del funcionamiento de la ZUT se incluyen:
- Disposición del material de guerra.
- Atención integral a niños y jóvenes desvinculados del conflicto.
- Garantías jurídicas para los integrantes del grupo armado.
- Sustitución de economías ilícitas y fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
- Aportes a la búsqueda de desaparecidos, reparación de víctimas y desminado humanitario.
Pese a estas condiciones, Galán sostiene que el Gobierno no ha demostrado avances significativos en las negociaciones con el Frente 33, lo cual, a su juicio, invalida la legalidad de la medida.
“La Corte Constitucional ya se pronunció sobre estas zonas de ubicación temporal y dijo que solamente se justifican cuando hay un avance, una madurez en las negociaciones y las conversaciones con grupos que se quieran someter a la justicia. Pero en este caso no hay avances, no hay evidencia de que realmente estas negociaciones vayan avanzando por buen camino”, subrayó el líder del Nuevo Liberalismo.
Galán exige cumplimiento constitucional y legal
Además, Galán insistió en que cualquier implementación de zonas como la de Tibú requiere una ley estatutaria aprobada por el Congreso: “La Corte dijo que se requiere una ley estatutaria que pase por el Congreso, que regule el alcance de estas zonas de ubicación temporal, un cronograma, cuáles van a ser las condiciones de presencia o no presencia de la fuerza pública en estos territorios”.
Concluyó su declaración haciendo un llamado a declarar la nulidad de la resolución presidencial: “Estamos en contra de estas zonas de ubicación temporal, estamos en contra de esta resolución ilegal que vulnera la Constitución y por eso venimos hoy a radicar esta demanda de nulidad ante el Consejo de Estado”.
La acción judicial de Galán se da en medio de una estrategia del Gobierno Nacional que busca consolidar procesos de paz con distintos grupos armados. El Frente 33, al mando de alias Calarcá, hace parte de las estructuras que el Ejecutivo reconoce dentro del llamado Estado Mayor Central, disidencias que se han declarado en proceso de negociación.
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