A menos de una semana de que se defina su situación judicial, los abogados Diego Javier Cadena y Juan José Salazar, procesados por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal —los mismos cargos por los que fue imputado el expresidente Álvaro Uribe Vélez—, encendieron una nueva alerta en el caso.
En una carta enviada a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, los juristas pusieron en duda la idoneidad del fiscal delegado Daniel Ricardo Hernández Martínez, encargado de representar al ente acusador en su proceso.
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“El Estado tiene el deber de asegurar que quienes representan el poder punitivo se encuentren libres de todo reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones”, señalan Cadena y Salazar en la misiva, radicada hace apenas 24 horas.
La carta sostiene que resulta “abiertamente incongruente e inaceptable” que un funcionario procesado penalmente sea el mismo que, en representación del Estado, solicite una condena en su contra.
“Esta situación afecta gravemente la credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”, remarcan.
En el texto dirigido a la fiscal general, los abogados recalcan que la imparcialidad del acusador no es un tema menor ni un mero tecnicismo procesal.
“La imparcialidad del acusador constituye una garantía esencial del debido proceso, amparada por el ordenamiento jurídico colombiano”, afirman, recordando que el principio de neutralidad en el ejercicio de la acción penal está consagrado tanto en normas internas como en estándares internacionales de justicia.
Cadena y Salazar, que desde el inicio del proceso han sostenido que son víctimas de una persecución judicial con motivaciones políticas, consideran que la participación de Hernández Martínez representa una amenaza directa a sus derechos fundamentales.
“Permitir dicha intervención no solo vulnera nuestras garantías fundamentales, sino que expone al proceso penal a un reproche legítimo, tanto por parte de la comunidad jurídica, como de la ciudadanía”, advirtieron.
En ese sentido, solicitaron a la fiscal general Camargo que evalúe “la conveniencia institucional de mantener al fiscal delegado en esta actuación” y que, en caso de considerarlo necesario, adopte las medidas pertinentes para “preservar la integridad del proceso, la transparencia institucional y el respeto por los derechos de los procesados”.
La controversia llega en un momento decisivo para el caso, que ha acaparado la atención pública desde que se vinculó directamente al expresidente Uribe.
Cadena, quien fue abogado defensor del exmandatario, es señalado de haber ofrecido beneficios jurídicos y económicos a exparamilitares a cambio de que declararan en contra del senador Iván Cepeda y a favor de Uribe en el proceso por manipulación de testigos.
El fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, que en su momento fue uno de los principales impulsores del caso contra Cadena y Uribe, ha sido blanco de cuestionamientos desde distintos sectores.
La defensa de los acusados sostiene que su continuidad en el proceso resulta “insostenible”, dado que él mismo enfrenta imputaciones por delitos que comprometen directamente su idoneidad como funcionario público.
“En este caso, el conflicto es evidente: quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés colombiano”, argumentan en la carta.
Para los abogados, la situación no solo pone en entredicho la legalidad del proceso, sino que también debilita la confianza pública en la Fiscalía como institución garante del respeto al debido proceso.
Por ello, su petición no se limita a una exigencia individual, sino que busca —según dicen— defender los principios básicos del sistema penal acusatorio.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido de la carta ni sobre la posible salida del fiscal Hernández del caso.
No obstante, fuentes cercanas al ente acusador indicaron que la petición será evaluada internamente, en el desarrollo de los principios de legalidad y transparencia que rigen las actuaciones de sus funcionarios.
El proceso contra Cadena y Salazar continúa su marcha en los estrados judiciales, con expectativas de un fallo en el corto plazo. Sin embargo, la disputa por la legitimidad del fiscal podría abrir un nuevo capítulo en un expediente que, desde su origen, ha estado rodeado de tensiones políticas, jurídicas y mediáticas.
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