Las declaraciones del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes ante la Corte Suprema de Justicia pusieron en el centro del debate la influencia de prácticas clientelistas en la administración pública y su posible impacto en el contrabando en Colombia.
Durante más de 12 horas de testimonio, Reyes presentó evidencias y una bitácora detallada de solicitudes de nombramientos estratégicos que, según él, recibió de al menos 35 congresistas.
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El exfuncionario sostuvo que estas presiones no solo buscaban ubicar personas afines en cargos clave, sino que podrían haber facilitado la infiltración del contrabando en la entidad.
Reyes explicó ante la Corte que, desde su llegada a la Dian en agosto de 2022, detectó un patrón de recomendaciones provenientes de miembros del Congreso de la República.
Según su relato, la concentración de solicitudes se enfocaba en aduanas consideradas vulnerables, como las de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Cali.
“Había suficientes razones para pensar, desde un punto de vista administrativo, que había un riesgo de infiltración del contrabando en la Dian a través del clientelismo del Congreso de la República”, afirmó Reyes, quien subrayó la importancia de contar con una lista para gestión de riesgos.
Su preocupación principal era que el clientelismo permitiera la designación de personas en cargos estratégicos para facilitar actividades ilícitas.
Para documentar estas presiones, Reyes y sus asesoras elaboraron un registro de los nombres y cargos solicitados por los congresistas.
“Hay una concentración de recomendaciones en aduanas claves para la lucha contra el contrabando, como la de Buenaventura, como la de Cartagena, la de Barranquilla, la de Cali, y eso de por sí ya genera una alerta”, expuso Reyes.
Añadió que los cargos solicitados no correspondían a los mejor remunerados, sino a aquellos con mayor exposición a riesgos de contrabando.
El exdirector aseguró que todos los recomendados fueron vetados para ascensos, traslados o direcciones en aduanas sensibles, lo que generó descontento entre los congresistas.
“Esos actores se estaban operando de una manera que favorecía los intereses del contrabando”, sostuvo Reyes. Como consecuencia, enfrentó mociones de censura y, en junio de 2023, la Dian sufrió un recorte presupuestal de 200.000 millones de pesos, recursos que se trasladaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entonces dirigida por Olmedo López. Reyes calificó este recorte como una “cuenta de cobro” de los congresistas a quienes frenó en sus aspiraciones burocráticas y de control aduanero.
“Yo diría que todos los firmantes de la proposición de traslado presupuestal de 200 mil millones de pesos de la Dian a la Ungrd son un ejemplo del grupo de senadores que creo fueron instrumentalizados por los intereses del contrabando”, sentenció.
Entre los nombres que Reyes señaló como protagonistas de estas presiones figuran el actual ministro del Interior Armando Benedetti, el exsenador Roy Barreras, el presidente del Congreso Efraín Cepeda, el senador Jairo Castellanos y la representante Olga Lucía Velásquez.
El exministro de Industria, Comercio y Turismo relató que Benedetti lo buscó para recomendarle “encarecidamente unas hojas de vida para unas direcciones de aduanas”, gestión que también le transmitió su suegra, Adelina Cobo, en una reunión en la que estuvo presente Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Benedetti habría solicitado la designación de dos personas de su confianza en las aduanas de Barranquilla y Cartagena.
Sobre Barreras, Reyes narró un encuentro en la casa de la congresista Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras, en la que este le entregó varias hojas de vida en sobres de manila para cargos “extremadamente sensibles en las aduanas del Pacífico colombiano”, específicamente en Buenaventura y Cali.
Tras la negativa de Reyes a acceder a estas solicitudes, Barreras reaccionó con hostilidad. Durante la votación de la reforma tributaria en el Senado, se acercó a Reyes de manera “físicamente agresiva”, lo tomó del brazo y advirtió a otros: “No confíen en este tipo, es un chulo”.
En el caso de Efraín Cepeda, Reyes indicó que el senador le mencionó a una persona para la seccional de Cartagena y posteriormente le envió la hoja de vida de Bladimir Atencio Meza por WhatsApp, solicitando su nombramiento en la Dirección de Aduanas de Cartagena.
Por su parte, Jairo Castellanos fue señalado como uno de los promotores del recorte presupuestal a la Dian y de presionarlo para entregar la dirección de aduanas de Cúcuta, además de intentar condicionar la moción de censura a cambio de nombramientos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La representante Olga Lucía Velásquez aparece en el expediente por una recomendación transmitida a través de la asesora María Alexandra Rizo para que Jhon Fredy Restrepo Toro ocupara la aduana de Cartagena. Rizo, que elaboró el listado de recomendados como una “alerta roja”, confirmó que la mayoría de las peticiones de congresistas le llegaron a ella y que la negativa de Reyes a ceder en los nombramientos generó un “malestar general” entre los parlamentarios, especialmente en las comisiones económicas.
El nombre de Jhon Fredy Restrepo Toro generó inquietud en Reyes, que afirmó que “es una persona cuyo nombre aparece y reaparece cada vez que uno inquiere sobre el contrabando”.
Restrepo Toro fue trasladado de la seccional de Armenia a un cargo de fiscalización en Buenaventura dos días antes del inicio del gobierno Petro, movimiento que Reyes consideró “muy sospechoso”.
Además, mencionó conexiones de Restrepo Toro con emisarios de alias ‘Papá Pitufo’, conocido como el ‘zar del contrabando’. “Ese es el mismo señor, entre otras, John Freddy Restrepo, que fue recomendado por no solo Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente, sino también vino esa recomendación de la mano de un señor, César César Valencia, que acompañaba a Juan Fernando Petro”, detalló Reyes.
Añadió que investigaciones de la Fiscalía identifican a Valencia como presunto miembro del grupo de ‘Papá Pitufo’. Reyes intentó retirar a Restrepo Toro de su cargo en Buenaventura, pero no lo logró debido a su fuero sindical. “Si yo fuera a investigar a fondo a un solo funcionario de la Dian y tuviera que elegir cuál es el primero que voy a investigar a fondo sería John Freddy Restrepo Toro”, concluyó.
Las denuncias de Reyes reavivaron un escándalo que ya había expuesto meses atrás, cuando entregó a la Fiscalía un listado con 48 nombres de funcionarios, congresistas y excongresistas que supuestamente le solicitaron favores para acceder a cargos en la Dian.
El exministro reiteró en redes sociales que los hechos relacionados con Yerlin Campo, una de las personas mencionadas en el caso, ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia en 2024.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados por Reyes, mientras los implicados mantienen su inocencia.
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