
Un aberrante caso de abuso sexual a menores de edad se presentó en Italia, y tiene como protagonista a un ciudadano de nacionalidad colombiana.
Así lo han hecho saber varios medios locales en la isla de Sicilia, y en concreto en su capital, Palermo, luego de que se informara que el connacional, un fraile franciscano de 66 años, enfrenta un proceso judicial por violencia sexual contra menores de 14 años.
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El hombre, de quien se desconoce la identidad, tendrá que responder por cinco víctimas que han presentado acusaciones, indicó Ansa.it.
El monje colombiano pertenece a la Orden de los Hermanos Menores Renovados, originaria de Colombia, pero es residente en Palermo.
Asimismo, y de esos cinco casos, en principio se precisó que fueron dos causas que el tribunal decidió unificar.

En todos las denuncias que soportaron las víctimas, y que eran menores de edad (14 años) en el momento en que se cometieron los presuntos abusos sexuales por parte del religioso, el modus operandi arrojó que el colombiano se habría aprovechado de su posición de superioridad.
Las familias de las víctimas y los menores son representados por los abogados Federica Prestidonato y Marcello Drago.
Lo que más ha encendido las alarmas entre madres y padres de familia en Palermo es que varios de estos casos se habrían reportado en espacios donde los religiosos eran quienes estaban a cargo de la seguridad de los niños.
Todo porque uno de los presuntos casos de violencia sexual ocurrió en medio de un retiro espiritual (que dejó como víctima a un niño); y el repudio es mayor, porque esto se habría dado en medio del ejercicio de su función religiosa.
Los hechos investigados incluyen episodios ocurridos en el contexto de confesiones. En ese caso, las jóvenes, todas menores de 14 años, habrían sido agredidas.

El proceso judicial ha sumado la participación de dos asociaciones que han solicitado y obtenido el estatus de parte civil: Cotulevi, representada por la abogada Girolama Manzella, y Insieme a Marianna, con la abogada Alessandra Inguaggiato.
Además, la Diócesis de Monreale y la propia Orden de los Hermanos Menores Renovados (frati minori rinnovati) asistida por la abogada Giulia Galati, también se han constituido como partes civiles en el procedimiento.
Reconstruyen los abusos en pro de avanzar con el proceso judicial: víctimas y sus familias buscan justicia
Las investigaciones, llevadas a cabo por el equipo móvil de la Jefatura de Policía de Palermo (Questura di Palermo), han estado bajo la dirección de los fiscales Maria Bambino y Mario Calabrese.
El trabajo de la policía judicial ha permitido reconstruir los episodios denunciados y reunir los elementos necesarios para la apertura del juicio.
El caso ha generado la intervención de múltiples actores institucionales y sociales, reflejando la gravedad de los hechos atribuidos al religioso colombiano.
Las víctimas, acompañadas por sus familias, han optado por presentarse de forma activa en el proceso, buscando el reconocimiento de los daños sufridos y la responsabilidad penal del acusado.
El proceso penal se desarrolla en el tribunal de Palermo, donde se examinarán las pruebas y testimonios recogidos por la Policía y la Fiscalía.

Días atrás la Corte Constitucional se pronunció
El 29 de mayo de 2025 la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre casos de pederastia en el país, una decisión que responde a múltiples solicitudes de acceso a datos presentadas por periodistas y ciudadanos.
La sentencia marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales de petición y acceso a la información, y en especial en investigaciones sobre violencia sexual contra menores.
El fallo de la Sala Plena del alto tribunal resolvió 50 tutelas acumuladas que exigían transparencia sobre los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la curia colombiana.
Entre los recursos de amparo figuran los presentados por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, que solicitaron datos específicos sobre la actuación de sacerdotes y clérigos en relación con denuncias de pederastia.
La Corte subrayó que la protección de los derechos de los periodistas a acceder a información relevante se extiende a los datos de integrantes de instituciones religiosas, siempre que estén vinculados a investigaciones sobre presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

En su sentencia, la Corte Constitucional precisó que “no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada”
El tribunal aclaró que el funcionamiento y la gestión de datos de los miembros de instituciones religiosas no constituyen una justificación válida para restringir de manera desproporcionada los derechos fundamentales de petición y acceso a la información periodística.
Esta postura desestima el argumento de la Iglesia católica, que hasta ahora se había negado a entregar los informes solicitados bajo la premisa de que estaban protegidos por el secreto pontificio.
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