Procurador Gregorio Eljach rechaza mecanismo de papeleta propuesto por ministro Montealegre: “No es viable jurídicamente”

Frente al debate nacional suscitado por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible inclusión de una papeleta en las próximas elecciones para abrir el camino a una asamblea constituyente, el procurador General Gregorio Eljach hizo pública su posición jurídica frente al planteamiento, cuestionando de manera puntual la viabilidad legal del mecanismo sugerido por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Durante una entrevista concedida a la revista Cambio, Eljach aclaró que la posibilidad de incluir una papeleta electoral como vía para modificar la Constitución no está contemplada dentro del ordenamiento jurídico colombiano actual.

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“El procedimiento de la papeleta, tal como lo plantea el ministro, no es viable jurídicamente”, señaló el jefe del Ministerio Público. Este señalamiento representa un pronunciamiento de fondo desde la entidad frente a una de las propuestas más polémicas del Gobierno actual.

La figura de la papeleta fue presentada por algunos sectores cercanos al Ejecutivo como una herramienta para consultar al electorado sobre temas de relevancia nacional, entre ellos la convocatoria a una constituyente. No obstante, desde la visión institucional de la Procuraduría, dicha estrategia carece de sustento legal dentro de la arquitectura jurídica vigente.

“Los temas trascendentales del Estado, como la reforma a la Constitución, deben abordarse con responsabilidad y fundamento jurídico”, puntualizó Eljach.

La Constitución de 1991 estipula claramente los mecanismos disponibles para introducir reformas constitucionales. Según explicó el procurador, estos mecanismos son tres: el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo.

Todos ellos requieren, de manera obligatoria, pasar por el Congreso de la República. “No puede haber reforma constitucional sin la participación previa del Congreso”, expresó de forma categórica para la revista en mención.

En ese mismo sentido, el jefe del Ministerio Público resaltó que el hecho de que un funcionario tenga el derecho a presentar propuestas no implica que dichas ideas se conviertan automáticamente en opciones legales: “Hay un principio jurídico valioso que reza que a los funcionarios públicos solo nos está permitido hacer lo que nos permite la ley”.

La expresión “ni papeleta ni pataleta, es la Constitución”, utilizada por Eljach en diferentes escenarios, resume la postura institucional frente al intento de convocar mecanismos extraordinarios sin el debido trámite legislativo. La frase, según relató el procurador, surgió de una conversación espontánea con un ciudadano en un aeropuerto, que recogió con claridad la visión jurídica sobre el debate en curso.

Para Eljach, más que nunca, “estamos en la hora de las instituciones, no de las personas”.

Además, anunció la creación de la Delegada de la Procuraduría para los Asuntos Electorales, una instancia inédita que estará presente en todo el territorio nacional. Su propósito será garantizar condiciones de transparencia y libertad durante el proceso electoral, en colaboración con otras entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República.

Sobre la posibilidad de un “bloqueo institucional”, como en su momento sugirió el presidente Petro, Eljach respondió que los procesos democráticos están funcionando dentro de los marcos establecidos. A modo de ejemplo, mencionó el caso reciente de la reforma laboral: inicialmente negada en una comisión, logró abrirse camino por la vía institucional y finalmente fue aprobada por el Senado.

Para el procurador, estas dinámicas no deben entenderse como bloqueos, sino como parte del ejercicio democrático en el que cada actor debe “asegurar las mayorías para aprobar sus iniciativas”.

También fue consultado sobre los señalamientos que tildan al presidente de adoptar una postura autoritaria. En ese punto, Eljach defendió la institucionalidad colombiana, destacando que, aunque el jefe de Estado defienda sus posiciones con vehemencia, esto no equivale a una ruptura del orden constitucional.

En el plano legal, resaltó que las decisiones del Ejecutivo han sido contenidas y revisadas por otros órganos del Estado, como en el caso del decreto para la convocatoria de una consulta popular, suspendido por el Consejo de Estado y posteriormente derogado. Estos hechos, en opinión del procurador, confirman que “la institucionalidad de Colombia tiene la cura para cualquier circunstancia de ese tipo, venga de donde venga”.

El pronunciamiento sobre la propuesta de la papeleta no se limita a una diferencia técnica. Representa una advertencia clara desde uno de los entes de control más importantes del país sobre los riesgos de desconocer los canales previstos en la Constitución para realizar transformaciones estructurales.

En este escenario, el mensaje de Eljach se convierte en un llamado a la reflexión para todos los sectores. Según expresó, “la paz electoral debe ser el escenario en el que los colombianos elijamos en 2026 a los representantes del Estado, en plena libertad y respetando las diferencias”.