
Las autoridades de la capital colombiana tomaron una determinación que marca un precedente en materia de contratación pública en Bogotá: liquidar anticipadamente un contrato millonario por incumplimiento reiterado en la ejecución de una obra clave para la movilidad del suroccidente de la capital.
El proyecto en cuestión, adjudicado al consorcio Santamaría 004, consistía en la construcción de un tramo fundamental de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, pero tras una serie de retrasos, advertencias y mecanismos fallidos de resolución de conflictos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) resolvió ponerle fin de manera unilateral, invocando una cláusula penal, según reportó el diario El Tiempo.
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Esta obra incluía 2,5 kilómetros de vía, tres estaciones del sistema TransMilenio, 2,45 kilómetros de ciclorruta, un puente peatonal y la recuperación de cerca de 84.805 metros cuadrados de espacio público, labores que, según informó el IDU y que fueron replicados por el diario en mención, quedaron inconclusas pese a múltiples intentos de reencauzar su ejecución.

Así coordina la administración distrital la reactivación del contrato cancelado
De acuerdo con la entidad, el consorcio incumplió obligaciones esenciales del contrato, lo que provocó afectaciones que derivaron en una paralización total de los trabajos. A pesar de las garantías ofrecidas, la ampliación de plazos y el acompañamiento administrativo, las demoras no cesaron.
Una de las alternativas que ofreció la administración distrital fue el uso del mecanismo de amigable componedor, una figura contemplada en el contrato como método de resolución extrajudicial de controversias. Esta herramienta habría permitido que un tercero imparcial interviniera para emitir una decisión definitiva frente a las diferencias surgidas en el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, el consorcio Santamaría 004 no formalizó su uso en los tiempos requeridos, lo que imposibilitó la aplicación de esta vía y dejó al IDU sin otra opción distinta a la resolución anticipada.

A lo largo del proceso contractual, la entidad convocó a 19 reuniones técnicas con el objetivo de destrabar el avance de las obras. En estos encuentros participaron tanto representantes del consorcio como funcionarios del Distrito, sin que se lograra superar los obstáculos que frenaban la ejecución. Esta cadena de incumplimientos dio paso a una medida drástica que obliga ahora al contratista a pagar una sanción por un valor de 14.698 millones de pesos, como lo estipula una de las cláusulas contractuales frente a situaciones de incumplimiento.
La liquidación del contrato implica que la administración distrital tomará posesión del proyecto y elaborará un inventario detallado que permita conocer con precisión el estado actual de las obras, así como el uso y disponibilidad de materiales y maquinaria.
Esta fase es indispensable para garantizar la continuidad de los trabajos y establecer un nuevo punto de partida con un futuro contratista, por lo que la entidad deberá asegurar que los elementos en terreno sean protegidos, tanto para preservar la infraestructura existente como para prevenir actos de vandalismo o deterioro. De manera paralela, el IDU coordinará acciones con otras entidades del Distrito para evitar mayores afectaciones derivadas de la paralización.

En palabras de su director, Orlando Molano, para la fuente citada “todas las entidades del Distrito y de servicios públicos: Acueducto, Energía, Unidad Administrativa Especial de Servicios (Uaesp), Secretaría de Seguridad (...) vamos a trabajar para retomar esta obra y entregársela a los bogotanos. Vamos a hacer trabajos de inspección de lo que queda en las vías, revisar el espacio público y ejecutar acciones de mitigación mientras se adelanta una nueva licitación de aquí a diciembre”.
Este proceso de licitación se abrirá en los próximos meses y busca contratar una nueva empresa que finalice, lo que el consorcio Santamaría 004 dejó a medias. Según el balance más reciente entregado por el IDU, la obra presenta un avance del 62%, aunque su entrega debía haberse efectuado mucho antes.
Los tiempos proyectados para la reactivación de las labores y su eventual conclusión dependerán del resultado del nuevo proceso contractual, así como del estado en que se encuentren los trabajos ya ejecutados.
Los próximos pasos estarán enfocados en salvaguardar lo construido, culminar la licitación y asegurar que la ejecución restante se realice sin los tropiezos que marcaron la primera fase.
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