Gustavo Petro fue a Medellín a lanzar un nuevo desafío público a sus contradictores: el análisis del ‘tarimazo’ con criminales

La Plaza de La Alpujarra, que durante décadas ha concentrado el poder político y administrativo de Medellín, se convirtió el sábado 21 de junio en el epicentro de un acto oficial, presidido por el presidente de la República, Gustavo Petro, que ha desatado una fuerte controversia en el país. El hecho de que el jefe de Estado haya compartido tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, sin duda causó un fuerte remezón mediático.

Los excabecillas, todos ellos trasladados desde la cárcel de Itagüí bajo custodia estatal, encendió las redes sociales, pues la sola mención de cada uno de ellos evoca décadas de violencia en la región, que ha sido golpeada por el accionar de organizaciones urbanas que ahora hacen parte de procesos de negociación, que si bien no han registrado significativos avances, al menos no conocidos por la opinión pública, continúan siendo claves en la política de Paz Total.

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Entre los presentes en el encuentro estaban Juan Carlos Mesa Vallejo, llamado Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, conocido como Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, apodado Carlos Pesebre; y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre. Y que se encuentran en el mencionado establecimiento carcelario cumpliendo condenas por diferentes delitos, entre ellos administración de economías ilícitas y homicidio.

Al respecto, Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, habló con Infobae Colombia sobre las repercusiones que podría traer este evento para el Gobierno nacional, de cara a la recta final de la administración actual: en la que hay diferentes frentes, entre ellos el anhelo del gobernante que se lleve a cabo una constituyente, tras los escollos con la consulta popular.

“Lo leo como un acto de Gobierno, pero también como un acto político”, indicó Garzón, que posteriormente profundizó en su postura. Y es que la presencia de estos líderes criminales en un evento público junto al mandatario nacional ha reavivado el debate sobre los verdaderos alcances de la estrategia de Paz Total, impulsada por el Gobierno para negociar el cese de la violencia urbana y rural a lo largo y ancho del territorio nacional.

Según explicó Garzón, “yo lo interpreto claramente como un desafío, un desafío abierto a las autoridades locales. Es un escenario más donde se manifiestan las tensiones que hay entre gobierno nacional y autoridades locales, en este caso, concretamente entre el Gobierno nacional y las autoridades encabezadas por Federico Gutiérrez”. Durante el evento, las pullas hacia el mandatario local no faltaron, en esta especie de pulso entre el Ejecutivo y el Gobierno local.

Es oportuno mencionar que, en este caso, la decisión de llevar a la tarima a cabecillas de organizaciones criminales, justo en los alrededores de las instalaciones de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, causó una ola de reacciones adversas, especialmente entre las autoridades locales.

La presencia de los líderes criminales en la tarima no solo ha sido vista como un acto simbólico, sino también como una manifestación de poder por parte del presidente Petro. “Llevar a los cabecillas de estas organizaciones criminales, sindicados de crímenes muy graves, a un escenario como estos, lo que intenta hacer el presidente es esta muestra de poder y de autoridad, ese golpe de autoridad desde el punto de vista de Gobierno”, detalló Garzón en su análisis.

Esta interpretación sugiere que el acto buscaba enviar un mensaje claro tanto a la opinión pública como a las autoridades locales sobre el liderazgo del Gobierno nacional en los procesos de paz y negociación. No obstante, la estrategia ha dejado numerosos interrogantes sin resolver, en relación con los beneficios que se le darían a los que se sometieran a una justicia restaurativa, como lo ha promovido el primer mandatario en sus diferentes pronunciamientos.

El académico señaló que, más allá del simbolismo, persisten dudas sobre los compromisos adquiridos, el marco jurídico que regula estas negociaciones y las competencias del Gobierno central frente a otras instituciones, como la Fiscalía. “Entonces, hay muchos interrogantes y más actos simbólicos y más muestras de autoridad y de fuerza y de pulso con las autoridades locales que de fondo avances concretos en lo que es más importante: y es tratar de atender este problema de violencias que hay no solamente en Antioquia, sino en todo el país”, puntualizó Garzón.

En ese orden de ideas, es válido decir que la Paz Total ha enfrentado dificultades desde su concepción. El Gobierno la presentó como una apuesta ambiciosa para abordar todas las formas de violencia y negociar con diversos actores armados; pero pese a ello, los avances han sido limitados y la hoja de ruta no se ha definido con claridad.

“Ese proyecto de lograr un acuerdo de paz que de alguna manera abarcara todo tipo de violencias y todo tipo de organizaciones, pues ha demostrado no, no ha logrado mostrar desde el comienzo ningún avance efectivo. No se tiene muy claro cuál es esa hoja de ruta, cuáles han sido los avances concretos y la estrategia, más que los avances, también la estrategia concreta del Gobierno”, agregó Garzón a esta redacción, en lo concerniente a este aspecto.

Esta falta de claridad, desde su perspectiva, ha llevado al Ejecutivo a buscar resultados más específicos en territorios concretos, en lugar de una solución integral a nivel nacional. El profesor expresó que el Ejecutivo ha optado por estrategias y acuerdos puntuales en contextos locales, al intentar resolver problemas de violencia y presencia de bandas criminales en zonas específicas.

“Pero, tratar un poco de llevar esto a una escala un poco más local para ir resolviendo algunos de los problemas de las violencias y de la presencia de bandas, organizaciones criminales en territorios específicos, es una muestra de poder”, sostuvo Garzón. Esta perspectiva de Petro, a pesar de su pragmatismo, no ha aclarado las incertidumbres acerca de la factibilidad y el verdadero impacto de las tratativas con este tipo de organizaciones delictivas.

Y todo porque acto en La Alpujarra ha sido interpretado por diversos sectores como una jugada política arriesgada. La presencia de los cabecillas, algunos de ellos sindicados de delitos graves, ha sido vista como una provocación para las autoridades locales y un intento de reafirmar el control del Gobierno nacional sobre los procesos de negociación; en un contexto en el que las reacciones de los mandatarios locales fue negativa, en un nuevo choque mediático.

En consecuencia, la Paz Total, pese a ser presentada como un “antídoto” para la violencia, carece de resultados concretos, lo que ha generado escepticismo. “La gran estrategia y la gran apuesta del gobierno con este nombre grandilocuente, con el que lo denominó como Paz Total, pues muy poco, muy poco ha dejado”, concluyó Garzón en su conversación con Infobae, con lo que habría ciertos aires de incertidumbre frente a lo expresado por el Gobierno.

Mientras tanto, la sociedad observa con atención el desarrollo de estos procesos. Y, en especial, frente a un suceso que marcó un hito en la historia reciente del país, con la apertura nuevos debates sobre la legitimidad, la eficacia y los límites de las estrategias de negociación con actores armados. Y, como si no fuera poco, también ha permitido inferir las complejidades de la búsqueda de la paz en un contexto marcado por décadas de conflicto y desconfianza institucional.