Gobierno proyecta recaudo de $26 billones con ajustes en retención en la fuente y nueva reforma tributaria

En un intento por aliviar la presión sobre las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas orientadas a fortalecer el recaudo tributario.

Entre las principales acciones se encuentra la modificación en los porcentajes de retención en la fuente, vigente desde el 1 de junio, y la radicación de una nueva reforma tributaria prevista para la próxima legislatura del Congreso.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el impacto combinado de estas estrategias podría representar ingresos cercanos a los $26 billones, suma que ayudaría a cubrir tanto el presupuesto vigente como el del próximo año.

La cartera, dirigida por el ministro Germán Ávila Plazas, ha señalado que estos esfuerzos son parte del plan para reducir el déficit fiscal, que se prevé superará el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, tras la suspensión de la regla fiscal por tres años consecutivos.

El ajuste más reciente en la retención en la fuente pretende generar un recaudo adicional de $7 billones este año. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de expertos y gremios empresariales, quienes advierten que podría tener un efecto adverso sobre la liquidez de las compañías y comprometer los ingresos fiscales del próximo año debido al anticipo de recursos.

En paralelo, el Gobierno prepara una nueva reforma tributaria, con la que busca obtener al menos $19 billones adicionales. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del proyecto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por Hacienda anticipa una meta máxima de recaudo de $25,4 billones mediante la implementación de impuestos ambientales, ajustes en el IVA y la inclusión de nuevos tributos sobre sectores específicos como los juegos de azar, plataformas digitales, iglesias y actividades contaminantes.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento del impuesto al carbono, así como nuevos gravámenes sobre el uso de plaguicidas, emisiones sonoras y dispositivos como vapeadores. Además, se plantea aplicar una tributación especial a las actividades relacionadas con carbón y petróleo.

Otro de los factores que ha incidido en el desbalance fiscal es el pago acumulado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), cuyo subsidio ha representado un gasto estimado de $76 billones en los últimos tres años. El Gobierno ha anunciado la expedición inminente de un decreto para poner fin a esta carga financiera, señalando que se trata de un subsidio regresivo que favorece principalmente a propietarios de vehículos particulares.

Paralelamente, distintos analistas han cuestionado que se promueva una reforma tributaria sin resolver antes el problema estructural de la cartera en mora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que ronda los $50 billones.

Este monto equivale a más del doble del recaudo esperado con la nueva reforma. En ese sentido, se ha sugerido mejorar los mecanismos de fiscalización y cobro como estrategia más efectiva y sostenible en el tiempo.

Tanto desde el sector privado como desde la academia han surgido alertas sobre posibles efectos contraproducentes de implementar simultáneamente una retención más agresiva y una reforma tributaria de gran calado.

Aunque algunos consideran que las medidas pueden ser complementarias, también se advierte que podrían afectar la inversión y el crecimiento económico si no se diseñan con criterios técnicos rigurosos.

El historial reciente de reformas también genera dudas. En seis años, Colombia ha aprobado tres reformas tributarias que prometían aumentar el recaudo en dos puntos del PIB, pero el avance ha sido más modesto: del 13,7% en 2018 al 14,4% en 2024, apenas 0,8 puntos porcentuales.

Esta cifra representa menos de un tercio del impacto esperado, lo que ha llevado a insistir en la necesidad de ajustes adicionales en el gasto público para evitar desequilibrios mayores.