Ministerio de Ambiente emitió resolución que declaró reserva temporal de recursos naturales a suroeste antioqueño: Muhamad celebró la decisión

En una noticia que causó una eufórica reacción de la exministra de Ambiente Susana Muhamad, el Gobierno nacional, a través de esta cartera, expidió la resolución 0855 del 20 de junio de 2025, que establece una reserva temporal de recursos naturales en seis municipios del suroeste antioqueño: Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, además de otras disposiciones enfocadas en esta misma línea, según se precisó en el documento.

Como publicó la cartera en este decreto, al que tuvo acceso Infobae Colombia, la decisión suspende la posibilidad de entregar licencias mineras y reconoce la lucha que, por años, sostuvieron las comunidades rurales ante la amenaza de actividades extractivas. Según el análisis de Muhamad, la medida significa un cambio de rumbo en la gestión ambiental y territorial del país; como parte de la apuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro en esta línea de acción.

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El Suroeste Antioqueño, que se ha caracterizado por ser un territorio de aguas, paisajes quebrados, campesinos y biodiversidad, había vivido una presión sostenida como escenario de conflictos entre el desarrollo económico y los reclamos de la sociedad civil. La resolución recién emitida busca proteger especialmente el acuífero local, el bosque seco tropical, la conectividad ecológica de la zona y la cuenca del río Cauca, al prohibir la práctica extractivista.

Y es que Muhamad, que ejerció como ministra entre agosto de 2022 y febrero de 2025, celebró la determinación del ministerio. “Ha pagado la lucha de los campesinos de Jericó, que han sido criminalizados por la protesta social pacífica. El Ministerio de Ambiente ha firmado la resolución que declara la Reserva Temporal de Recursos Naturales para proteger el acuífero, el Bosque Seco Tropical, la conectividad ecológica y la cuenca del río Cauca”, comentó la exfuncionaria.

En ese sentido, enfatizó que un aspecto central es la vocación biocultural y la autonomía de las poblaciones locales en las decisiones productivas y ambientales, al enfatizar que “los habitantes de un territorio tienen la potestad de definir sus vocaciones productivas”. Según Muhamad, la resolución responde a una demanda largamente sostenida en el tiempo, al “preservar la vocación biocultural, agroecológica y agro turística” en cerca de 37.000 hectáreas.

Lo anterior, defendido por los campesinos, frente a lo que describió como el asedio de los títulos mineros otorgados “a diestra y siniestra” por gobiernos anteriores, sin el consentimiento de las comunidades y –en su lectura– en violación a la autonomía territorial de cada uno de los municipios en mención.

Para la región, la noticia marca un antes y un después, según lo indicó Muhamad. Mientras para amplios sectores campesinos y pobladores la declaración representa la coronación de años de movilización social, para algunos actores económicos involucrados en el sector minero traerá el cierre de una posibilidad de explotación en una zona rica en minerales, pero a la vez frágil; por lo que el ministerio tomó, si se quiere, una medida cautelar en este sentido.

Los términos de la resolución parecen claros: por ahora no podrán emitirse nuevos permisos mineros en la reserva, lo que, en palabras de Muhamad, “conserva la vocación por la cual han venido los campesinos luchando”.

El área cubierta por la declaratoria incluye seis municipios del Suroeste, en donde las marchas, protestas y asambleas han documentado de manera sistemática la defensa del agua y la naturaleza. Este giro en la política estatal estaría basado en el reconocimiento a una resistencia muchas veces criminalizada. “A toda la juventud que luchó, a todos los campesinos, a todas las mujeres. Mi abrazo solidario, porque entre tanta injusticia esta es una gran noticia”, expresó Muhamad, que sacó pecho por la singularidad y el compromiso del movimiento social que permitió estos logros.

El antecedente inmediato, según se expresó en el documento, lo constituye una historia reciente de concesiones mineras que, para las organizaciones rurales y ambientales, habían transgredido los derechos de las comunidades. Las denuncias por “titulación a diestra y siniestra”, de acuerdo a lo que explicó Muhamad, y la falta de una consulta popular alimentaron un estado de tensión que se vio expuesta en una serie de hechos anteriores a la expedición de la resolución.

Entre ellos, desalojos, enfrentamientos y severas divisiones en las comunidades. La decisión del Gobierno va en contra de ese modelo. “El Gobierno del cambio le cumple al suroeste antioqueño y a esa región que realmente es hermosísima y un tesoro de la biodiversidad de Colombia”, expresó la exministra en este sentido.

A pesar del alcance de esta resolución, se advierte que la protección definitiva dependerá de la realización de nuevos estudios técnicos y de la vigilancia conjunta entre el Estado y las poblaciones. Para habitantes y organizaciones sociales, el reto, sin duda, será traducir la victoria jurídica en mejoras tangibles en su relación con el entorno: mantener los cauces vivos, resguardar el bosque seco tropical y asegurar que la conectividad ecológica no se fracture.