Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 4, adscritas a la Tercera División del Ejército, resultaron víctimas de una asonada en el sector La Hacienda, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca).
La situación de orden público ocurrió durante el desarrollo de operaciones militares en el que fue capturado, al parecer, un integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.
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En medio del procedimiento, el comandante de la unidad y tres soldados profesionales fueron privados de la libertad por habitantes del municipio en el polideportivo, que estarían siendo instrumentalizados por el grupo armado ilegal, que tiene fuerte presencia en la zona.
Al mismo tiempo, el resto del personal de la fuerza pública se encontraba en las afueras del centro poblado, rodeados por cerca de 200 habitantes del cañón del Micay.
“Nuevamente, la Carlos Patiño acude a una de sus estrategias de más bajo calibre y es la de instrumentalizar a la población civil para evitar el desarrollo de operaciones militares”, informó el brigadier general Federico Mejía, comandante Tercera División del Ejército.
Mejía agregó que la Carlos Patiño logra instrumentar la población con amenazas, “constriñéndola, logrando recuperar esta persona y generar una asonada, un secuestro prácticamente contra nuestros hombres”.
Asimismo, el oficial señaló que persiste el despliegue de tropas en la zona, con el objetivo de restablecer el orden, proteger a la población civil y garantizar su misión institucional.
“Las operaciones continúan desarrollándose con más fuerza, nunca no vamos a parar. Una asonada no será mérito para parar la fortaleza de nuestros hombres; por el contrario, nos genera un mayor compromiso y nos genera una mayor reto contra estas estructuras que finalmente tendrán que abandonar vivos o muertos el Cañón del Micay, el desarrollo de las operaciones militares no va a terminar”, anotó.
Por último, la fuerza pública llamó al respeto de las instituciones y reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los habitantes del Cauca.
“La invitación es a estos miembros de las estructuras a que se entreguen, a que recapaciten y puedan nuevamente vivir en familia, una familia que los espera, vivir en paz, o por el contrario, someterse a las operaciones militares con las armas que la República de Colombia nos entrega para defender la democracia y la seguridad de los colombianos”,puntualizó el oficial.
Por su parte, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, afirmó que “ningún acto ilegítimo contra la libertad de nuestras tropas será tolerado. Denuncio que la población civil está siendo usada, intimidada y obligada a servir como escudo humano por estos grupos armados ilegales que pretenden desestabilizar la región”.
Al tiempo que exigió la liberación de los uniformados retenidos: “Exijo la liberación inmediata de nuestros hombres y anuncio el fortalecimiento de nuestra presencia militar en esta importante zona del país”.
Judicializan a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc por atentados en el Cauca
El 20 de junio de 2025 se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los hermanos Juan Esteban y Diego Francisco Ortiz Garzón, señalados como presuntos autores materiales de un atentado con carrobomba ocurrido el 10 de junio en Corinto (Cauca).
Según las autoridades, ambos serían integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, perteneciente a las disidencias de las Farc, acusada de acciones violentas en el norte del departamento.
La investigación reveló que los hermanos presuntamente trasladaron y activaron el vehículo cargado de explosivos cerca de la estación de Policía de Corinto, provocando daños significativos en las instalaciones policiales y viviendas aledañas. El hecho generó temor entre los habitantes, quienes conviven con la presencia de grupos armados ilegales.
Minutos después de la explosión, tropas del Ejército capturaron a dos sujetos sospechosos que intentaban huir del lugar. Durante el procedimiento, se hallaron armas de fuego y teléfonos celulares, cuyos contenidos serían clave para el avance del proceso judicial.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo y porte ilegal de armas, cargos que no aceptaron durante las audiencias preliminares.
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