El 7 de junio de 2025 se convirtió en una fecha que marcó un antes y un después en la política colombiana.
A plena luz del día, en una calle del occidente de Bogotá, un menor de 14 años disparó ocho veces con una pistola Glock nueve milímetros contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.
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Tres de los disparos impactaron su cuerpo, dejándolo gravemente herido. El ataque expuso una preocupante falla en las condiciones de seguridad para quienes participan en la contienda política y aceleró una reconfiguración en el tablero electoral de cara a 2026.
En las horas posteriores al atentado, se evidenciaron gestos de unidad entre sectores enfrentados verbalmente desde hace años. Sin embargo, esos puentes se quebraron con rapidez.
Las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición volvieron a aflorar, profundizando una tensión institucional que desde hace meses viene marcando el pulso del país. El presidente Gustavo Petro, al tanto de los hechos desde la tarde de ese sábado, comenzó a construir la hipótesis –aún en investigación– de que el ataque podría hacer parte de un plan de desestabilización.
En una de las dos alocuciones ofrecidas en los días posteriores, Petro sostuvo que detrás del atentado podrían estar organizaciones criminales con raíces en el exterior. Cinco días después, durante un acto público con tono electoral, vinculó los hechos a una oleada de más de 24 ataques ocurridos en el occidente del país en apenas 48 horas. Además, denunció seguimientos ilegales contra sus hijos, los hijos de sus ministros y el propio senador Uribe Turbay.
Estas declaraciones coincidieron con una nueva ofensiva política del Ejecutivo. A través del decreto 0639 del 11 de junio, el presidente convocó una consulta popular para el 7 de agosto, justo al comenzar su último año de mandato. En esa jornada, según lo anunciado, el país decidiría si avanza hacia una Asamblea Nacional Constituyente. “Me han pedido que baje el tono y me comprometo a hacerlo, pero bajar el tono no significa silenciarse ni arrodillarse”, dijo el mandatario en Cali, reafirmando su propósito.
El decreto ya fue remitido a la Corte Constitucional, donde lo estudiará el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Pero Petro advirtió que si las altas cortes frenan la iniciativa, recurrirá al “poder constituyente”, invocando una legitimidad de base popular. “Si tampoco el Estado colombiano lo permite, claro que ya no queda sino el poder constituyente, que no convoco yo, sino el mismo pueblo, con su voto. (…) Cuando se instale la constituyente no seré presidente de Colombia. Quizás si el pueblo lo quiere, en ese entonces y esté vivo, seré constituyente, que no se me asusten”, afirmó.
Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, han liderado jurídicamente el proceso, acompañados por asesores externos. El mensaje desde el Palacio de Nariño es que las reformas, en particular la laboral y la de salud, deben concretarse, incluso si eso implica avanzar por la vía de la consulta. La reforma laboral está a la espera de conciliación, mientras que la de salud sigue pendiente en la Comisión Séptima del Senado. En paralelo, ya se han definido 16 preguntas (12 laborales y cuatro de salud) para una eventual segunda consulta popular.
La oposición también se movió. César Gaviria, Álvaro Uribe Vélez, Efraín Cepeda y otros líderes se articularon para rechazar lo que consideran un uso político del atentado. No asistieron a la Comisión de Garantías Electorales convocada por el Ejecutivo y organizaron un espacio paralelo con el procurador Gregorio Eljach. Además, han pedido reuniones con altos mandos militares, lo que desató desde el Gobierno acusaciones de “sedición” y “golpismo”.
Este domingo, sectores opositores e independientes convocaron la “Gran marcha del silencio” en al menos 20 ciudades, en protesta por el ataque a Uribe Turbay y por el tono de la retórica oficial. Mientras tanto, la familia del senador herido evalúa su participación en la movilización.
Con las elecciones legislativas y presidenciales en el horizonte, la política colombiana navega entre tensiones institucionales, violencia en aumento y una ciudadanía expectante. Desde el atentado del 7 de junio, el país político entró en una nueva fase. Y aunque el ruido electoral apenas comienza, el poder ya está en juego.
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