Colombia y la costumbre de pedir perdón tarde

“Y hasta aquí los deportes, país de mierda”, es una de las frases más recordadas en la historia de Colombia cuando se habla del asesinato de Jaime Garzón, registrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.

Desde esa fecha, en Colombia se responsabilizó al narcotráfico, los paramilitares y hasta a sectores políticos por la muerte del comediante, que fue asesinado por orden del comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, con ayudas de agentes del Estado.

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Aunque Garzón ha sido recordado con documentales, piezas gráficas, murales, estatuas y hasta la letra de Canela, la canción favorita del humorista, tuvieron que pasar 26 años para que Colombia asumiera algún tipo de responsabilidad por la muerte del que muchos llamaron “la sonrisa del país”.

No fue sino hasta junio de 2025 que el Estado colombiano reconoció de manera oficial su responsabilidad en el asesinato del bogotano, que tenía 38 años cuando fue sorprendido por un sicario en el barrio Quinta Paredes, de la localidad de Teusaquillo.

Este acto fue registrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el que se reconoció que el Estado vulneró los derechos a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión de Garzón.

Este caso, que es el 15.015, se necesitó de observaciones adicionales y avances que se registraron varios años más tarde, para identificar que en el crimen participaron agentes estatales, lo que no es algo nuevo en las tragedias del país.

En los últimos años, el Gobierno nacional ha encabezado múltiples eventos en los que se tiene como objetivo principal pedir perdón, ya sea por masacres, asesinatos puntuales, inoperancia, complicidad u otro tipo de comportamientos de las autoridades en casos que terminaron con colombianos siendo víctimas de su propio Estado.

Por ejemplo, Colombia ha pedido perdón por las ejecuciones extrajudiciales, mal llamado “Falsos Positivos”, en el que miles de jóvenes fueron engañados con promesas de trabajo, pero terminaron siendo dados de bajas y presentados como guerrilleros abatidos en combates con el ejército.

La mayoría de los casos se registraron entre 2002 y 2008, pero el Estado no pidió perdón, ni asumió su responsabilidad, sino hasta el 4 de julio de 2023, lo que es una muestra de la tendencia.

Una creencia popular es que en Colombia solo hay justicia para los de corbata, expresión que utilizan las personas que clase media o baja, para asegurar que los casos resueltos por la justicia tienen que tener a una figura relevante o pública, pero no siempre es así.

En la previa de las elecciones para la presidencia de 1990, en el país fueron asesinados cuatro candidatos, dos de ellos miembros de la Unión Patriótica, un partido político que nació tras el Acuerdo de Paz durante la administración de Belisario Betancur con las Farc en 1984.

De acuerdo con la JEP, hasta 2016 se reportó el asesinato de más de 5.600 miembros de ese partido, o víctimas en atentados que tenían como objetivo a algún miembro de la UP, acciones por las que el Estado comenzó a pedir perdón en 2016, 29 años después del asesinato a Jaime Pardo Leal.

De la misma forma, en esa misma contienda política fue asesinado Carlos Pizarro, por el que el Estado pidió perdón 34 años después, ya que se descubrió que su esquema de seguridad había sido modificado para que el crimen fuera exitoso. Además, uno de sus escoltas asesinó al responsable del hecho, aunque este ya había bajado su arma y estaba de rodillas.

Hay quienes piensan que esta tendencia va ligada a un pensamiento o ideal político, hay ejemplos en todos los aspectos, ya que el asesinato de Luis Carlos Galán, en el que el esquema de seguridad también fue afectado, y años más tarde se confirmó que hubo injerencia de funcionarios del Estado o ligados a las autoridades en el crimen, no se reconoció la responsabilidad, sino varios años más tarde.

El magnicidio de Galán incluyó varios aspectos a tener en cuenta en esta tendencia, puesto que el candidato presidencial no fue la única víctima; en el hecho fue asesinado uno de sus escoltas y el concejal de Soacha Enrique Peñaloza, que tuvieron que apelar a varias decisiones para que en 2024, 35 años después, fueran reconocidos como víctimas.

Además, el Estado pidió perdón en 2024 a Alberto Júbiz Hasbum, Héctor Cepeda, ambos fallecidos, y Norberto Hernández, por haber sido responsabilizados injustamente por el asesinato de Galán, que hizo parte de una estrategia, en la que participaron agentes del Estado, para que no descubrieran a los verdaderos responsables.