Bogotá y Medellín tomaron crucial decisión para los colegios y docentes que suspendan clases para participar en las movilizaciones

La Secretaría de Educación de Bogotá tomó una decisión sobre las actividades académicas para la jornada del miércoles 11 de junio, como consecuencias de las movilizaciones convocadas por gremios laborales y por el Gobierno nacional, que se llevarán a cabo tanto en la capital como en otras ciudades del país.

La entidad precisó que en su objetivo de reafirmar su compromiso con el derecho a la educación, la jornada del miércoles 11 de junio se llevará a cabo con normalidad, a pesar de las movilizaciones anunciadas por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). “La Secretaría continuará garantizando el derecho a la protesta, enfatizando la prevalencia del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes”, señala el acuerdo firmado entre ambas partes.

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De acuerdo con la entidad de educación, el reciente anuncio de la ADE sobre su intención de participar en las manifestaciones no debe interferir con el desarrollo de las actividades académicas. En ese sentido, se realizó un llamado a la comunidad educativa para que, en caso de participar en las movilizaciones, lo hagan fuera del horario escolar, priorizando el bienestar de los estudiantes y asegurando la continuidad de las clases. Además, se advirtió que se tomarán medidas administrativas contra quienes incumplan con este compromiso, afectando parcial o totalmente la jornada escolar.

“En consecuencia, y en coherencia con el acuerdo firmado, la Secretaría de Educación del Distrito procederá con las medidas administrativas que correspondan para quienes se ausenten afectando la jornada escolar, total o parcialmente, por las manifestaciones del 11 de junio”, precisó la dependencia.

Según datos de la entidad, en Bogotá, más de 700.000 estudiantes asisten diariamente a los colegios oficiales, donde también se distribuyen más de 866.000 raciones de comida a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las cifras reflejan el esfuerzo del distrito por garantizar no solo el acceso a la educación, sino también el bienestar integral de los alumnos. La Secretaría subrayó que estas acciones son fundamentales para proteger el derecho a la educación, considerado un derecho superior y prioritario según la Constitución.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Medellín emitió un comunicado dirigido a directivos, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales, exigiendo que el servicio educativo se preste con normalidad el 11 de junio. En el documento se enfatizó que los derechos de los niños, niñas y jóvenes son cruciales y prevalecen sobre cualquier otra consideración, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento.

La Alcaldía de Medellín expresó su rechazo a cualquier acción que pueda contribuir a la desescolarización, señalando que esto amplía las brechas de aprendizaje y oportunidades para los estudiantes. Asimismo, destacó la importancia de mantener en funcionamiento el Plan de Alimentación Escolar, ya que para muchos alumnos representa su principal fuente de alimentación diaria. También se instó a garantizar el servicio de transporte escolar y otras estrategias que promuevan la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Es fundamental reiterar el compromiso institucional con el derecho fundamental a la educación, velando por la continuidad y calidad del servicio en todos los niveles educativos, por lo que en el ámbito de las competencias constitucionales y legales la Entidad Territorial Certificada realizará las verificaciones correspondientes y adoptará las medidas administrativas a las que haya lugar a los servidores públicos por toda afectación y riesgos que se generen a dicha población por la no prestación del servicio educativo”, advirtió la alcaldía.

Ambas ciudades, Bogotá y Medellín, reiteraron su compromiso con la continuidad y calidad del servicio educativo, subrayando que cualquier interrupción en las actividades escolares será objeto de revisión y posibles sanciones administrativas. Las medidas buscan proteger el derecho a la educación y minimizar los riesgos que puedan afectar a la población estudiantil.