Coronel retirado habría pagado apartamento de Ricardo Roa: se conocen detalles de los pagos

Surgió un nuevo ángulo en la controversia que rodea al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de un exclusivo apartamento, en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Aunque Roa ha insistido en que no conocía al coronel retirado Juan Guillermo Mancera y que este no participó en la transacción, los rumores de su posible vínculo vienen con fuerza desde 2024.

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Además, según una nueva investigación que publicó el diario El Tiempo, documentos en poder de la Fiscalía –algunos de ellos suministrados al medio mencionado– contradicen sus afirmaciones y dan cuenta de que la empresa de Mancera transfirió casi la totalidad del dinero que cubrió el negocio.

El apartamento 901, ubicado en una zona exclusiva, habría sido adquirido por Roa en 2023, antes de asumir la presidencia de la petrolera estatal. La compra se hizo por 1.800 millones de pesos y, según la versión inicial del directivo, no tenía conocimiento de que el inmueble pertenecía a una firma ligada al empresario Serafino Iacono, conocido por haber liderado Pacific Rubiales.

Sin embargo, una investigación adelantada por el diario El Tiempo reveló que la sociedad vendedora remitió a la Fiscalía soportes bancarios con los pagos recibidos por la compraventa, en los que figura la firma Innova Mercadeo y Logística Ltda., constituida en 2014 por Mancera. En los extractos se lee claramente: “Pago de prov. Innova Mercadeo”, como publicó el medio.

Esa empresa consignó y transfirió alrededor de 1.700 millones de pesos entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Pese a ello, Roa declaró públicamente que el coronel retirado “no había tenido ninguna participación o mediación en el negocio” y que, para ese entonces, ni siquiera lo conocía.

Por su parte, el propio Mancera sostuvo lo contrario. En una declaración al periodista Daniel Coronell, señaló: “Solo supe que Ricardo buscaba un apartamento y se lo dije a Serafino (...) Soy socio de Serafino”. Aclaró que invierte en acciones de compañías en las que Iacono también tiene participación.

Consultado por El Tiempo en Europa, Iacono ofreció su versión. Afirmó que vendió el apartamento a Mancera, que le indicó que sus hijos necesitaban estar más cerca del colegio.

“Conozco al coronel Mancera años atrás, por relaciones laborales y funcionales, lo que terminó configurando una amistad, y fue a él a quien le vendí en 2022 (antes del gobierno Petro) el inmueble que yo tenía desocupado. Meses después de haber consentido y pagado el precio del negocio jurídico, me expresó que no iba a habitarlo como inicialmente me lo expresó, y que se lo había vendido a un tercero. Por esa razón Mancera canceló el precio pactado a cuotas”, testificó Iacono.

Ante la pregunta de por qué Mancera no aparece como comprador oficial, Serafino Iacono respondió: “Porque el comprador coronel Mancera así me lo solicitó. Después de haberme pagado me expresó que le había vendido el apartamento a un tercero, el señor Roa, a quien yo no conocía, ni tenía por qué saber que sería a futuro presidente de Ecopetrol”.

La relación entre Iacono y Mancera, según fuentes del sector petrolero, va más allá de un simple vínculo profesional. “Serafino fue padrino de matrimonio de Mancera. Se conocieron cuando el coronel (r.) trabajó en temas de seguridad en Pacific. Y luego Mancera se convirtió en un próspero empresario”, le dijeron ejecutivos de la industria a El Tiempo.

En septiembre de 2024, El Tiempo reveló que Ecopetrol firmó un contrato con la firma Covington & Burling LLP por 875.000 dólares para asesorías en EE.UU. por los cuestionamientos legales contra Roa.

Ese contrato se amplió mediante un otrosí a 5,8 millones de dólares y fue suspendido en febrero de 2025 por “extralimitaciones”.

Asimismo, dentro de una revisión interna se indagó la transacción con Termomorichal I y II, operación de 49 millones de dólares donde figuró el empresario William Vélez, que fue jefe de Roa y su pareja, Julián Caicedo Cano.

En relación con otros contratos en disputa, la Procuraduría también indaga presuntos conflictos de interés por parte de Roa en decisiones que involucrarían empresas del sector energético, incluyendo a LNG Energy y Lewis Energy.