En medio de un intenso debate, la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público de la ciudad.
La iniciativa, que resultó de la acumulación de ocho proyectos, unifica esfuerzos legislativos en torno a la regulación del consumo de drogas, con un enfoque centrado en la protección de menores de edad, la salud pública y la seguridad ciudadana.
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El proyecto plantea la creación de Zonas Libres de Drogas y Alcohol en espacios públicos o lugares abiertos al público, una medida que busca restringir el consumo, distribución y comercialización de sustancias como cannabis, cocaína, heroína, drogas sintéticas y otras incluidas en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
La aprobación de la propuesta se dio con ocho votos a favor y dos en contra. Votaron afirmativamente los concejales Araque, Barrios, Samir, Juan Manuel Díaz, Germán, Gutiérrez, Torrado y Uscátegui, mientras que Dusán y Triana manifestaron su desacuerdo.
Amplia coautoría y defensa del espacio público
El proyecto cuenta con una amplia coautoría de concejales de distintas bancadas: Humberto Amín, Diana Diago, Darío Fernando Cepeda, Andrés Barrios, Emel Rojas, Rolando González, Marco Fidel Acosta, José del Carmen Cuesta, Juan Javier Baena y Juan Daniel Oviedo.
La ponencia fue presentada por Daniel Felipe Briceño, del Centro Democrático, y Germán García, del Partido Liberal, que coincidieron en la importancia de preservar los espacios públicos como entornos seguros, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
Durante el debate, varios concejales hicieron énfasis en la creciente preocupación por el incremento del consumo de drogas en parques, alrededores de colegios y otras zonas frecuentadas por menores. Se destacaron posturas que apelan al derecho de los menores a disfrutar de un espacio libre de drogas y violencia, mientras que otras intervenciones plantearon la necesidad de complementar las medidas restrictivas con políticas de salud pública, prevención y reducción de riesgos.
Una voz crítica frente a la “permisividad” del distrito
Una de las voces más contundentes durante el debate fue la de la concejala Diana Diago, que ha liderado la cruzada para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos de la ciudad.
La cabildante reiteró sus críticas a la administración distrital por no actuar con decisión frente al problema del microtráfico y la exposición de menores al consumo de estupefacientes. “Es nuestra responsabilidad salvar a los niños, niñas y adolescentes de la droga y la delincuencia. Es increíble que la administración no haga nada al respecto frente a esta problemática que tiene azotada a la juventud y con mucho miedo y dolor a las familias que hoy son víctimas de la droga“, manifestó Diana.
Además, acusó al alcalde Carlos Fernando Galán de haber sido permisivo frente al consumo, lo que, a su juicio, ha abierto la puerta a redes de microtráfico en parques y entornos escolares. “Detrás del consumidor que se encuentra en los parques siempre hay un jíbaro, pero esto afecta también a los entornos escolares que están inundados de droga y ¿qué hace Galán? Dejarles la vía libre a los criminales,” denunció.
El proyecto estipula que quienes incumplan con las disposiciones serán sancionados de acuerdo con las medidas correctivas establecidas en el parágrafo 1 del artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Esto podría implicar desde multas hasta medidas correctivas más severas, dependiendo del caso.
Aunque el proyecto fue aprobado, algunos concejales expresaron su desacuerdo con una política basada exclusivamente en la restricción del consumo. Argumentaron que este tipo de medidas pueden resultar ineficaces si no van acompañadas de estrategias de prevención, atención en salud mental y programas de inclusión social para personas que consumen drogas.
El proyecto aún debe superar un segundo debate en plenaria del Concejo para convertirse en norma distrital. Mientras tanto, la discusión seguirá abierta en una ciudad que enfrenta el desafío de equilibrar el derecho al espacio público con el respeto a la dignidad y salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas.
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