Las controversiales misivas del exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, describe comportamientos que considera inapropiados por parte del presidente Gustavo Petro durante sus giras oficiales en el exterior, ha desatado varias reacciones en varios sectores del país.
Mientras que algunos señalan que lo expresado por el excanciller no tiene fundamento, otros hicieron una solicitud a la justicia para que el exfuncionario amplíe sus denuncias contra el primer mandatario de los colombianos.
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Es el caso del exministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que instó a los organismos de control para que sea citado ante las autoridades judiciales y pueda ahondar en sus declaraciones contra el jefe de Estado.
“Ahora será clave que la justicia actúe con rigor, pues lo que está en juego es la dignidad y la estabilidad institucional del país. Un presidente no puede liderar a Colombia en presuntos estados alterados de conciencia. Por Colombia, estaré firme hasta el final”, escribió en su cuenta de X.
En un comunicado revelado por Semana, el exjefe de cartera sostiene que Leyva debe confirmar o desmentir sus afirmaciones, ya que, en sus palabras, “las declaraciones de Leyva no pueden quedar como una simple anécdota mediática ni reducirse al debate político; por el contrario, deben ser investigadas a fondo, con responsabilidad institucional y sentido de urgencia”.
Además, Ruiz también subraya la necesidad de que las autoridades competentes verifiquen los hechos denunciados públicamente por el excanciller.
“Las afirmaciones hechas por Leyva no pueden pasar por alto, y menos cuando apuntan a la conducta de quien ejerce la jefatura del Estado en escenarios internacionales. Colombia necesita claridad y transparencia frente a estos hechos”, indicó el exministro.
De igual manera, el exfuncionario propuso que se practiquen pruebas toxicológicas al presidente Gustavo Petro, con el fin de confirmar o desestimar las declaraciones de Álvaro Leyva.
“La jurisprudencia ha permitido este tipo de procedimientos cuando existe un interés legítimo en garantizar que quienes ejercen altos cargos lo hagan en condiciones óptimas. La ciudadanía merece saber si quien dirige los destinos del país está en pleno uso de sus facultades. No se trata de un capricho, sino de una responsabilidad institucional”, sostuvo.
Por último, el exministro de Justicia hizo una petición a la Presidencia para que se esclarezca si los cambios en la agenda internacional del presidente obedecieron a motivos oficiales o personales.
“No se puede tolerar que se usen recursos del Estado en agendas improvisadas o personales”, concluyó.
Petición de Wilson Ruiz a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
Esta no ha sido la única petición del exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, frente a las cartas emitidas por el excanciller Álvaro Leyva en contra de las actitudes del presidente Gustavo Petro.
En abril de 2025, el exjefe de cartera hizo una solicitud expresa a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue el estado de salud mental y física del mandatario nacional, luego de que en las misivas del exministro insinuara un presunto consumo de drogas durante los viajes oficiales del jefe de Estado.
“De la manera más atenta me permito solicitar a esa dignidad, se adelanten todas las averiguaciones pertinentes con el fin de aclarar las denuncias realizadas en las últimas horas por el excanciller Doctor ÁLVARO LEYVA DURÁN, mediante una misiva pública enviada al Dr. GUSTAVO PETRO URREGO, en la cual lo señala de consumir sustancias alucinógenas durante un viaje oficial a Francia”, se lee en el documento.
El exministro sostiene que, si estas conductas tienen origen en una alteración mental, podrían constituir faltas graves en el ejercicio del poder.
“Señalamiento muy grave que contrarían la dignidad que hoy ostenta el doctor GUSTAVO PETRO URREGO, como Presidente de la República y que dejan sumida a Colombia en la incertidumbre de la capacidad o no del primer mandatario para dirigir esta nación”, indicó.
Además, Ruiz recordó a la Comisión de Acusaciones que la Constitución Política, en su artículo 175, establece las competencias para adelantar juicios en esa entidad, y que la Ley 5 de 1992 regula el funcionamiento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. El exministro subrayó la urgencia nacional de que la investigación avance con rapidez, ya que la situación podría desembocar en un juicio político contra el presidente.
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