La Fiscalía General de la Nación imputó a tres personas señaladas de integrar una red dedicada a la falsificación de información para obtener visas de turista hacia Estados Unidos.
De acuerdo la información entregada por la entidad en la mañana del lunes 2 de junio, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en Barranquilla y estarían relacionados con, al menos, cinco episodios delictivos.
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Los imputados fueron identificados como Luis César Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán. Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías, que legalizó la captura e imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
Sin embargo, ninguno de los tres aceptó los cargos, pero les fue impuesta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Según los elementos materiales obtenidos por la Fiscalía, los procesados habrían ofrecido a ciudadanos residentes en Barranquilla un supuesto servicio para facilitar la obtención o renovación de visas de turismo. A cambio de pagos que alcanzaban los 800.000 pesos, los presuntos miembros de la red entregaban documentación ajustada con datos falsos para respaldar los formularios consulares.
La información adulterada incluía estados financieros inflados, vínculos laborales inexistentes y titularidad sobre bienes que no correspondían a la realidad de los solicitantes.
La Fiscalía sostiene que estas inconsistencias habrían sido presentadas como parte del soporte documental durante el trámite ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia. En algunos casos, el engaño habría resultado efectivo, y las visas fueron autorizadas.
La investigación indica que los imputados inducían a error a los funcionarios consulares al presentar perfiles que simulaban solvencia económica y arraigo en Colombia, factores que suelen ser determinantes en la evaluación migratoria. Aunque por ahora solo se han documentado cinco casos, las autoridades no descartan que el número de víctimas o beneficiarios sea mayor.
El proceso judicial se encuentra en etapa preliminar, y las diligencias hacen parte de una línea investigativa más amplia contra redes dedicadas al tráfico de migrantes mediante el uso de documentos falsos.
La Fiscalía advirtió que esta información se divulga por razones de interés general, dado el carácter transnacional del delito y las implicaciones que puede tener sobre los sistemas de control migratorio.
Fiscalía judicializó a Alias Meiker, el falso sacerdote que ofrecía empleos inexistentes en el Pacífico colombiano
Carlos Arley Hurtado Valencia, conocido bajo el alias de Meiker, fue capturado en Medellín luego de ser señalado como responsable de una operación fraudulenta que afectó a más de 200 personas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño.
La Fiscalía General de la Nación informó que el implicado habría utilizado una identidad religiosa para ganarse la confianza de sus víctimas y ofrecer puestos de trabajo ficticios a cambio de pagos anticipados.
La investigación, adelantada por un fiscal seccional del Chocó, permitió establecer que Hurtado Valencia se presentaba como un supuesto sacerdote vinculado a instituciones eclesiásticas y programas sociales del Estado. Bajo esa identidad, ofrecía oportunidades laborales con salarios llamativos y condiciones aparentemente formales. Sin embargo, el único propósito del esquema era obtener dinero de quienes confiaban en la promesa de empleo.
Las víctimas, contactadas telefónicamente, recibían ofertas como empacadores y operarios en supuestas entidades humanitarias. Como parte del proceso, se les exigía consignar sumas de entre 340.000 y 370.000 pesos, con el argumento de que eran necesarios para cubrir conceptos relacionados con afiliaciones a seguridad social. Una vez efectuado el pago, las personas no volvían a tener contacto con el oferente, que bloqueaba los números desde los que se había comunicado.
Según la Fiscalía, el patrón de conducta se repitió de manera sistemática entre 2023 y lo corrido de 2025. En total, se estima que Hurtado Valencia habría recibido más de 90 millones de pesos por este medio. La mayoría de las personas afectadas pertenecen a zonas con altos índices de desempleo y condiciones socioeconómicas precarias.
El señalado fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y presentado ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos por estafa agravada y fue enviado a un centro de reclusión bajo medida de aseguramiento mientras avanza el juicio en su contra.
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