Un ataque contra una ambulancia en Bogotá, ocurrido la noche del jueves 29 de mayo, ha generado indignación y preocupación por la seguridad de los servicios de emergencia durante las manifestaciones sociales.
Según informó Gerson Bermont, secretario de Salud de la ciudad, el incidente tuvo lugar hacia las 9:50 p. m., cuando un grupo de personas identificadas como “manifestantes” habría impedido el traslado de un paciente al atacar el vehículo.
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Bermont denunció el hecho a través de sus redes sociales, calificándolo como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un atentado contra la misión médica.
El funcionario compartió una imagen del vehículo afectado, en la que se observa el parabrisas delantero gravemente dañado, con múltiples fracturas que evidencian un impacto fuerte.
En su mensaje, Bermont enfatizó que este tipo de acciones no se enmarcan dentro del derecho constitucional a la protesta y exigió respeto por la labor humanitaria del personal de salud.
“Eso no es manifestarse como lo permite la constitución, es un ataque a la misión médica y es considerado una violación al DIH”, escribió.
El ataque ha puesto de relieve los riesgos que enfrentan los servicios de emergencia durante jornadas de movilización social.
Según detalló el secretario de Salud, impedir el paso de una ambulancia en servicio no solo pone en peligro la vida de los pacientes, sino que también constituye un grave atentado contra la labor humanitaria.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre el estado del paciente que se encontraba en la ambulancia ni sobre posibles capturas o identificaciones de los responsables del ataque.
Desde la Secretaría de Salud de Bogotá, se reiteró el llamado a respetar la misión médica y garantizar el libre tránsito de ambulancias y personal sanitario, independientemente del contexto social o político.
La misión médica, tal como se define en la Resolución 4481 de 2012, incluye el conjunto de bienes, instalaciones, instituciones y medios de transporte necesarios para la prestación de servicios de salud.
Esto abarca actividades como la asistencia sanitaria, la salud preventiva, la educación en salud, la atención prehospitalaria y hospitalaria, entre otras.
Las manifestaciones del 29 de mayo
Los disturbios comenzaron a intensificarse en horas de la tarde. A las 4:50 p. m., las autoridades confirmaron la llegada de encapuchados al Portal Américas, un punto recurrente de confrontación en jornadas de protesta.
Testigos reportaron que los manifestantes comenzaron a romper losas del piso, lo que generó tensión en la zona.
Más tarde, a las 8:30 p. m., se registraron nuevos actos de violencia en la avenida NQS, cerca de la Universidad Nacional, donde varios articulados del sistema TransMilenio fueron vandalizados.
Estos hechos obligaron al cierre temporal de estaciones como Universidad Nacional y Ciudad Universitaria, afectando a miles de usuarios.
El sistema de transporte público fue uno de los más perjudicados durante la jornada.
Según datos oficiales, aproximadamente 62.500 usuarios de Transmilenio resultaron afectados debido a los desvíos y cierres implementados en sectores como Usme y la avenida Caracas.
En el Puente Marichuela, ubicado en la localidad de Usme, se activaron desvíos para rutas alimentadoras y TransMiZonal, mientras que en la avenida NQS se levantaron los cierres viales cerca de las 8:50 p.m., restableciendo parcialmente la normalidad en el tránsito vehicular.
En paralelo a los disturbios, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lideró un cabildo abierto en la Plaza de Bolívar, donde defendió la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante su intervención, Sanguino afirmó que esta consulta es “el seguro de vida de las reformas sociales” y destacó la importancia de la democracia directa para garantizar su implementación. Sin embargo, la convocatoria no logró reunir a una multitud significativa, según imágenes difundidas por Semana.
A pesar de que las movilizaciones no alcanzaron un carácter masivo en su primer día, las autoridades locales y nacionales mantuvieron esquemas de seguridad reforzados para enfrentar el segundo día del paro nacional.
En este contexto, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentaron desmarcarse de la convocatoria a las protestas, a pesar de haberla promovido previamente.
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