En un contexto institucional especialmente sensible para las Empresas Municipales de Cali (Emcali), el gerente general, Roger Mina, interpuso una denuncia penal y disciplinaria contra Harold Viáfara, presidente del sindicato USE.
La acusación, que ya fue radicada ante las autoridades judiciales, la Procuraduría y la Personería de Cali, incluye presuntos delitos de racismo, discriminación, hostigamiento, injuria, calumnia y violencia psicológica contra servidor público.
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La denuncia, formalizada en un extenso documento, relata una serie de hechos que el gerente atribuye a un comportamiento sistemático de acoso por parte del dirigente sindical.
Según lo expuesto, Viáfara habría utilizado su posición en el sindicato, así como plataformas digitales, para emprender una campaña sostenida de desprestigio contra Mina, quien es afrodescendiente y cuenta con formación doctoral en ingeniería.
Uno de los elementos principales del caso es un audio que circuló en noviembre de 2024 a través de WhatsApp e Instagram.
En este material, Viáfara afirma: “Porque creo que no estaba ni en el país, porque es un pequeño burgués que todavía se cree de la clase alta, compañeros, y lastimosamente hay negros en Colombia que, aunque tengan todos los cartones, siguen siendo esclavos, compañeros, por su pobre mentalidad”.
Para el gerente de Emcali, estas expresiones constituyen una ofensa que trasciende lo personal. En su denuncia, manifiesta:
“Este no es solo un ataque contra mí; es un ataque contra todos los que hemos roto barreras sociales con base en el mérito y la ética”. Según el documento presentado, Mina considera que estas afirmaciones reflejan un trato discriminatorio basado en su origen étnico y en su condición de funcionario público.
La situación se intensificó con otro video difundido en mayo de 2025, donde Viáfara dirige comentarios más agresivos hacia Mina. En dicha grabación, el líder sindical dice: “Lo invito públicamente a que nos enfrentemos en la parte pública para demostrar que usted es un mediocre, que a usted le quedó grande Emcali, y que sus amiguitas tampoco dieron la talla. ¡Ojalá renuncie!”
Este tipo de afirmaciones, según el denunciante, configuraría violencia psicológica al buscar erosionar la imagen y legitimidad del gerente en medio de procesos estratégicos de transformación empresarial. Además, el documento judicial resalta que tales intervenciones han sido ampliamente compartidas en redes sociales, incrementando su impacto entre empleados, contratistas y usuarios.
Otro apartado de la denuncia se refiere a afirmaciones en las que Viáfara insinúa que Mina forma parte de una supuesta red de corrupción y privatización dentro de la empresa. En una intervención grabada, el sindicalista expresa:
“Es otro más de los privatizadores de los servicios públicos, porque trabaja con las maquinarias, compañeros, para garantizar corrupción, contratos leoninos y acuerdos que perjudican a Emcali, pero benefician a sus amigos”.
El gerente sostiene que estas acusaciones carecen de fundamentos y afectan su reputación. De acuerdo con el escrito entregado a las autoridades, dichos señalamientos configurarían los delitos de calumnia e injuria agravada, al dañar de manera directa su buen nombre y afectar su integridad moral.
Mina, quien ha ocupado cargos técnicos y de liderazgo en entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ecopetrol y el Ministerio de Minas, subraya que acepta la crítica sindical como parte del debate democrático, pero rechaza que se confunda con expresiones ofensivas motivadas por prejuicios raciales o intenciones personales de deslegitimación.
En el texto radicado ante las autoridades competentes, se solicita que las investigaciones avancen con celeridad y se imponga una sanción disciplinaria ejemplar al líder sindical. En específico, se pide su destitución del cargo y una inhabilidad de entre 10 y 20 años para ejercer funciones públicas. Esta petición se fundamenta, según el denunciante, en que las conductas se habrían cometido con plena conciencia por parte de un abogado que conoce los alcances legales del régimen disciplinario.
La controversia ha generado atención dentro de la empresa y en sectores externos, especialmente por tratarse de un proceso que involucra a dos figuras con posiciones de liderazgo al interior de Emcali.
El curso que tome esta denuncia podría tener implicaciones en las dinámicas internas de la entidad, que actualmente atraviesa reformas administrativas y revisiones estratégicas.
Por el momento, las entidades competentes deberán evaluar la gravedad de los hechos, el contexto de las declaraciones y el impacto que estas han tenido, no solo sobre la persona del gerente, sino sobre el ambiente institucional de una de las principales empresas públicas del suroccidente colombiano.
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