Acusan a la Alcaldía de Pereira de utilizar recibos de servicios públicos para promocionar a la esposa del mandatario

La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, denunció el uso de los recibos del servicio de agua en Pereira para promover la imagen de la esposa del alcalde Mauricio Salazar Peláez, que también ejerce como gestora social del municipio.

Según la congresista, esta acción podría estar vinculada a una estrategia de posicionamiento político con miras a una eventual candidatura al Senado de la República.

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La denuncia fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde Giraldo señaló que esta práctica podría constituir una violación de normas constitucionales y legales.

De acuerdo con lo expuesto por Giraldo, los recibos del agua distribuidos en los hogares de la ciudad incluyen una imagen de la gestora social junto a un mensaje conmemorativo por el Día de la Madre y una invitación a conocer la aplicación “Mujer Segura”.

Esta plataforma, impulsada por la Administración municipal, tiene como objetivo brindar apoyo a mujeres en situación de violencia de género. Sin embargo, la congresista argumentó que, aunque el contenido pueda parecer institucional, el uso reiterado de la imagen de la esposa del alcalde podría interpretarse como un intento de posicionamiento político, lo que contravendría los principios de igualdad e imparcialidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución, así como el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción.

Frente a estas acusaciones, voceros de la Alcaldía de Pereira rechazaron las afirmaciones de Giraldo y aseguraron que no se trata de propaganda política. Según la Administración municipal, el mensaje incluido en los recibos tenía como propósito conmemorar el Día de las Madres y promover la aplicación “Mujer Segura”, una herramienta clave en la estrategia de protección a las mujeres de la ciudad.

Además, explicaron que esta iniciativa forma parte del trabajo liderado por la oficina de Equidad de Género, cuya dirección está a cargo de la gestora social. La aplicación permite a las mujeres en situación de riesgo activar una alerta para recibir atención inmediata de la Policía y otras autoridades competentes.

La controversia también ha llamado la atención de la Misión de Observación Electoral (MOE). Su subdirector, Fredy Muñoz, reconoció que, aunque el mensaje podría considerarse institucional, el uso de la imagen de la gestora social podría generar cuestionamientos si esta decide postularse como candidata. Muñoz señaló que, de manera aislada, la acción no parecería ilegal, pero podría interpretarse como un intento de posicionamiento político.

Asimismo, indicó que corresponde a los órganos de control, como la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, determinar si esta práctica constituye una violación de las normas sobre propaganda electoral anticipada.

La denuncia de Giraldo ha puesto en el centro del debate el uso de recursos públicos para fines que podrían interpretarse como políticos. Según la representante a la Cámara, la publicidad estatal debe ser estrictamente institucional y no favorecer personalismos, tal como lo establece la normativa vigente. Por su parte, la alcaldía ha defendido la legitimidad de sus acciones, por lo que argumenta que estas se enmarcan dentro de una estrategia de apoyo a las mujeres y no tienen dichos fines electorales.

El caso plantea interrogantes sobre los límites entre la promoción institucional y el posicionamiento político, especialmente en un contexto en el que la gestora social podría tener aspiraciones electorales. La decisión final sobre si hubo o no una violación de las normas recaerá en las autoridades competentes, las cuales deberán evaluar si el uso de los recibos del agua para difundir este mensaje constituye una infracción a la legislación vigente.