Dos exempleados de una entidad bancaria en Santa Marta, Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias, fueron enviados a prisión preventiva tras ser acusados de participar en una red de ciberdelincuencia que operó entre 2021 y 2022.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían utilizado información personal de clientes para tramitar fraudulentamente 38 créditos por un monto superior a los 280 millones de pesos, sin el consentimiento de los titulares.
De acuerdo con la investigación, los acusados, que se desempeñaban como asesores comerciales en una sucursal bancaria de Santa Marta, habrían recibido placas de látex con copias de huellas dactilares de ciudadanos.
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Estas huellas eran elaboradas a partir de datos sensibles extraídos ilegalmente de las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una plataforma de acceso restringido que contiene información biométrica de los colombianos.
Según detalló la Fiscalía, otros integrantes de la organización delictiva habrían facilitado esta información, lo que permitió superar los sistemas de verificación y seguridad del banco.
El esquema delictivo consistía en abrir cuentas de nómina y gestionar solicitudes de crédito a nombre de las víctimas. Una vez aprobados los créditos, los fondos eran depositados en cuentas bancarias controladas por los delincuentes, que también asignaban tarjetas débito y claves secretas para disponer del dinero. Este procedimiento les permitió monetizar los recursos obtenidos de manera ilícita.
La Fiscalía imputó a Marenco Posada y Crespo Arias los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a un sistema informático. Ambos procesados negaron los cargos, pero un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
El uso de placas de látex con huellas dactilares falsas fue un elemento clave en esta modalidad de fraude. Según explicó la Fiscalía, las huellas eran impresas a partir de datos descargados de la plataforma Afis de la Registraduría, un sistema diseñado para la identificación biométrica.
Ninguna de las transacciones fraudulentas se realizó con huellas reales, lo que evidencia el nivel de sofisticación de la red delictiva. Este caso, además, se enmarca en un fenómeno más amplio de suplantación de identidad que afecta a nivel nacional.
La Fiscalía destacó que la información utilizada para fabricar las huellas falsas proviene de bases de datos que están protegidas por estrictas normas de confidencialidad y solo pueden ser manejadas por entidades públicas como la Policía Nacional, Medicina Legal y la propia Fiscalía. El acceso indebido a esta información representa una grave violación de los derechos de los ciudadanos y pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en la protección de datos sensibles.
El caso ha generado preocupación debido al impacto que este tipo de delitos tiene en las víctimas, quienes no solo enfrentan el daño económico, sino el desafío de limpiar su historial crediticio y recuperar su identidad financiera. La Fiscalía continúa investigando para determinar si hay más personas involucradas en esta red de ciberdelincuencia y para establecer el alcance total de los daños ocasionados.
La suplantación de identidad y el robo de datos personales son delitos que van en aumento, especialmente en entornos digitales. Para protegerse, las autoridades colombianas recomiendan no compartir información sensible en redes sociales o canales inseguros, como números de cédula o datos bancarios. También aconsejan no entregar documentos sin justificación y marcar las copias con la fecha y el propósito del trámite.
En el ámbito digital, es fundamental usar contraseñas seguras y distintas para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y evitar realizar operaciones sensibles desde redes Wi-Fi públicas. Además, se recomienda revisar con frecuencia extractos bancarios y reportes de crédito, así como verificar en la Registraduría si hay trámites no autorizados vinculados a la cédula.
Otro riesgo frecuente es el phishing, por lo que se debe evitar abrir enlaces o archivos enviados por remitentes desconocidos y comprobar que los sitios web donde se ingresan datos personales sean seguros. En caso de detectar una suplantación o fraude, es clave reportarlo de inmediato a la Fiscalía, la Policía, las entidades financieras o la Superintendencia de Industria y Comercio.
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