En un operativo conjunto llevado a cabo en el norte de Bogotá, las autoridades locales suspendieron las actividades del reconocido bar Canalla 85, en la localidad de Chapinero.
Según informó la Alcaldía de Bogotá, la medida fue tomada tras constatar presuntas infracciones a la normativa ambiental y problemas en los registros legales del establecimiento.
Este procedimiento forma parte de una serie de inspecciones en áreas críticas de la localidad, lideradas por la Secretaría de Ambiente y otras entidades distritales.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la inspección se detectaron irregularidades significativas en el manejo del ruido, uno de los principales motivos de quejas por parte de los vecinos de la zona.
Técnicos de la Secretaría de Ambiente realizaron mediciones con sonómetros certificados, en cumplimiento con la Resolución 0627 de 2006, y determinaron que los niveles sonoros excedían los límites permitidos por la ley.
Además, se evidenció que el establecimiento no cuenta con mecanismos adecuados de aislamiento acústico, operaba con puertas abiertas y carecía de vidrios y contrapuertas, lo que agravaba las afectaciones al entorno.
Otro de los hallazgos destacados durante el operativo fue la existencia de inconsistencias en los registros legales del bar.
Según detallaron las autoridades, la dirección registrada en la Cámara de Comercio no coincidía con la ubicación real del local, confirmada mediante la placa catastral.
Asimismo, se identificaron documentos faltantes esenciales para la operación del establecimiento, lo que contribuyó a la decisión de suspender sus actividades como medida preventiva.
La alcaldesa local de Chapinero, Alexandra Mejía, explicó que este procedimiento es parte de un esfuerzo más amplio para abordar problemáticas en tres polígonos críticos de la localidad, entre ellos la Calle 85, que ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de los residentes.
Mejía destacó que el operativo busca garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger la calidad de vida de los habitantes de la zona.
El cierre de Canalla 85 se suma a otras acciones emprendidas por las autoridades en Chapinero para regular el funcionamiento de establecimientos nocturnos y mitigar los impactos negativos en el entorno urbano.
Este tipo de operativos interinstitucionales, que involucran a la Policía Nacional, la Personería de Bogotá y otras entidades del Distrito, tienen como objetivo reforzar la supervisión y el control sobre los negocios que operan en áreas de alta actividad comercial y residencial.
Un taller de carros en Bogotá fue sellado por cobros excesivos en reparaciones
Un taller de reparación de llantas en el barrio San Pablo Jericó, en la localidad de Fontibón, Bogotá, fue clausurado tras denuncias de cobros excesivos por sus servicios.
Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, un ciudadano reportó haber pagado más de un millón de pesos por despinchar una llanta, lo que desencadenó una investigación que culminó con el cierre del establecimiento.
De acuerdo con las autoridades, el operativo fue el resultado de tres semanas de seguimiento llevado a cabo por los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, en colaboración con la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante este periodo, se recopilaron pruebas que incluían horarios de operación, patrones de atención sospechosos y testimonios de conductores que denunciaron prácticas abusivas.
Uno de estos testimonios, presentado ante la Fiscalía General de la Nación, detalló cómo un conductor fue obligado a pagar una suma exorbitante por un servicio que, en condiciones normales, tendría un costo significativamente menor.
El operativo, realizado el pasado viernes, permitió a las autoridades inspeccionar el taller y confirmar las irregularidades. Durante la intervención, otro ciudadano se acercó para denunciar que, en una ocasión previa, el mismo establecimiento intentó cobrarle 800.000 pesos por despinchar dos llantas. Este conductor se negó a pagar, argumentando que el monto era desproporcionado, y aprovechó la presencia de las autoridades para exponer su caso.
La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que este tipo de operativos buscan proteger a los ciudadanos de abusos y garantizar la transparencia en los servicios ofrecidos en la ciudad. Además, el caso fue acompañado por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que brinda apoyo a las víctimas en la formalización de sus denuncias ante las autoridades competentes.
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