Colombiano sería el responsable de millonaria estafa masiva en Estados Unidos: algunas familias invirtieron hasta 300.000 dólares

Un grupo de cuatro familias latinas en el sur de Florida denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude millonario, en el que señalan como responsable a un ciudadano colombiano identificado como Johnson Niño Soto, residente en Weston (condado de Broward).

Según informaron los mismos afectados, el esquema prometía la apertura de franquicias de salud, altas rentabilidades económicas y la obtención de una visa de inversionista, pero ninguna de estas promesas se cumplió.

La denuncia ya fue presentada ante el departamento de policía de Miami-Dade, y en algunos casos se conoció que se invirtieron hasta trescientos mil dólares (más de 1.250 millones de pesos colombianos).

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Entre los perjudicados se encuentran al menos cuatro familias colombianas que aseguran haber perdido los ahorros de toda su vida en este supuesto esquema fraudulento.

Los afectados relataron que invirtieron las millonarias sumas por familia con la esperanza de obtener ganancias anuales del 17% y una visa de inversionista E-2, que requería un pago adicional de cincuenta mil dólares.

Sin embargo, no recibieron ningún retorno financiero, ni información sobre el destino de su dinero, ni la visa prometida.

El proyecto presentado por Niño Soto consistía en la apertura de franquicias de South Florida Urgent Care, un centro de atención médica ubicado en Pembroke Pines (condado de Broward) y cuyo propietario es un médico reconocido en el sur de Florida.

Según los denunciantes, la propuesta parecía legítima y atractiva, y esto los llevó a confiar en el esquema.

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notar irregularidades, como la falta de estados financieros y la ausencia de explicaciones sobre el uso de los fondos invertidos.

“Nos damos cuenta porque empezamos a preguntar qué pasaba, porque no teníamos cuentas, ni balances. Cuando todo explotó nos dimos cuenta de que no teníamos visa de inversionista”, aseguró la colombiana Adriana Serrano, una de las afectadas, en diálogo con NTN24.

De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, Niño Soto ya tendría antecedentes penales en Colombia y enfrenta procesos legales abiertos en Estados Unidos; esto ha generado aún más preocupación entre las familias, que solicitaron a las autoridades que investiguen a fondo el caso y que se tomen medidas para recuperar los fondos perdidos.

Y es que según lo que indicó una resolución de la Corte Suprema, Niño ya había sido condenado en 2012 a 36 meses de prisión en calidad de cómplice por el delito de peculado por apropiación.

Según lo que detalló el mismo medio, el hoy señalado de estafar a varias familias colombianas en Estados Unidos se habría quedado con dineros públicos, cuyo destino era una campaña de salud escolar del municipio de Tocaima (departamento de Cundinamarca).

Por último se confirmó que las víctimas de la estafa masiva tuvieron un espacio para hablar con el cónsul general de Colombia de Miami (Óscar Fernando Marmolejo Roldán), que los referenció con su asesor legal para seguir con el proceso y que el hoy señalado responda a las personas que le confiaron los ahorros de toda su vida y al final quedaron viendo un chispero, una expresión que en el país suramericano refiere a decepción y frustración ante una situación.

Otro de los elementos que agravarían más la situación para el ciudadano colombiano que se encuentra en el ojo del huracán es que Niño Soto también cuenta con una queja ante el Colegio de Abogados de Florida.

Allí se le acusó de ejercer funciones legales sin licencia y por si eso no fuera suficiente, también lo señalaron de cobrar grandes sumas para tramitar visas de inversionista. En ese caso, el mismo abogado de inmigración contratado por el connacional precisó que nunca recibió la documentación obligatoria para poder iniciar esta clase de trámites.

En Orlando (estado de Florida) también se registra una demanda cuyo proceso inició en 2022 por arbitraje comercial contra él y su empresa, Assets Leader.

En dicha ocasión también resultó afectada otra familia colombiana que aseguró haber invertido 220 mil dólares por un total de cuatro lotes residenciales y una visa. En dicho escenario se le acusó de negarse a proporcionar acceso a los libros contables y rendir cuentas sobre la inversión, un detalle que deja peor al connacional en medio de este caso.