Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación tras su visita a Tibú y Cúcuta, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, llevada a cabo del 5 al 7 de mayo.
Durante su recorrido, Campbell destacó el alarmante incremento de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una problemática que se ha visto agravada por el uso de plataformas digitales como TikTok y Facebook, utilizadas por los grupos armados para seducir, engañar y persuadir a los menores más vulnerables.
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Según datos de la ONU, en lo que va de 2025, se verificaron 36 casos de reclutamiento, uso y aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes en la región, 23 de los cuales corresponden a menores migrantes.
Sin embargo, la organización advirtió que otras fuentes indican que dicha cifra podría superar los 70 casos en lo corrido del año, evidenciando la gravedad de esta violación a los derechos humanos.
Campbell afirmó que el reclutamiento de menores por grupos armados representa un crimen y pidió no solo que cesaran estas prácticas, sino que aquellos menores que se encuentran bajo control armado sean liberados de manera inmediata.
Además, el representante de la ONU instó al Estado colombiano a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar esta problemática, resaltando la importancia de garantizar la protección de los derechos de la niñez.
Graves violaciones a los derechos humanos en el Catatumbo
Durante su visita al Catatumbo, Scott Campbell tomó conocimiento de numerosas denuncias relacionadas con graves vulneraciones de derechos humanos. Entre enero y marzo de 2025, la oficina de la ONU en Colombia verificó el homicidio de cuatro defensores de derechos humanos, cinco masacres que dejaron 18 víctimas –cuatro de las cuales tuvieron lugar en Tibú– y 50 casos de amenazas contra líderes sociales y comunitarios, superando en tres meses los registros de todo 2024.
Asimismo, se evidenció la difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas, como el pueblo Barí, que se ven afectadas por restricciones de movilidad, presencia de minas antipersonas y constante vigilancia de actores armados no estatales.
Frente a esto, Campbell señaló la necesidad urgente de avanzar en políticas de saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas.
Además de las amenazas y desplazamientos, la violencia sexual también es un problema crítico en la región. Según informes de la Defensoría del Pueblo, al menos 56 casos de violencia sexual fueron reportados, el 64 % de ellos con víctimas migrantes.
Por su parte, la oficina de la ONU confirmó la verificación de siete casos emblemáticos, mencionando un aumento preocupante en las agresiones contra mujeres estigmatizadas como “colaboradoras” de grupos armados.
Reclamos a las autoridades y soluciones propuestas
Campbell también expresó inquietudes sobre las limitaciones que enfrentan las autoridades locales para atender la crisis humanitaria en Norte de Santander, agravada por la suspensión de recursos por parte de agencias internacionales como Usaid.
Las cifras del Puesto de Mando Unificado señalan que este año se han registrado 126 homicidios selectivos, el desplazamiento de más de 66,000 personas y el confinamiento de otras 11,490, cifras que reflejan la magnitud de la crisis en la región.
Frente a este panorama, Campbell subrayó la importancia de fortalecer la implementación de políticas públicas enfocadas en la seguridad humana y la garantía de los derechos humanos.
La ONU llamó al gobierno a aplicar mecanismos como el decreto 137 de 2025 para proteger a líderes sociales y comunidades en riesgo, así como a promover la implementación efectiva del Pacto Catatumbo, que busca abordar los problemas estructurales en la región relacionados con el acceso a servicios básicos, tierra y oportunidades de desarrollo.
Por último, la oficina de la ONU reconoció los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Sin embargo, enfatizó la necesidad de garantizar soluciones sostenibles a las familias afectadas por desplazamientos y confinamientos, promoviendo su estabilización socioeconómica y su posible retorno en condiciones de seguridad.
En palabras de Campbell, es esencial que el Estado colombiano cumpla con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016 y que todos los actores involucrados trabajen en conjunto para erradicar el reclutamiento de menores, proteger a las comunidades más vulnerables y construir un futuro más seguro y equitativo para la población del Catatumbo.
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