Gobierno nacional prorroga rol de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

El presidente Gustavo Petro ha decidido extender por dos meses más la designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, según lo establece la resolución 152 de 2025.

Esta medida, que incluye a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), busca avanzar en el proceso de diálogo relacionado con el cierre del proceso de Ralito, que marcó la desmovilización de las autodefensas hace dos décadas.

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Según informó Colombia+20, esta prórroga era esperada para continuar con las conversaciones enfocadas en la verdad, la reparación a las víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas.

Aunque inicialmente se había designado a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, dos de ellos quedaron fuera de esta prórroga. Se trata de Ramón Isaza y Hébert Veloza García, conocido como “HH”. Según el medio, Veloza había renunciado previamente a su rol, mientras que Isaza habría tomado la decisión de no continuar debido a problemas de salud, agravados por la reciente muerte de su hijo, Oliverio Isaza, alias Terror, que era cabecilla del Clan del Golfo y fue abatido en marzo pasado.

Entre los exjefes paramilitares que continuarán como gestores de paz se encuentran figuras de alto perfil como Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. También figuran nombres como Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Fredy Rendón Herrera y Edwar Cobos Téllez, entre otros.

Estos individuos, que en el pasado lideraron estructuras armadas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ahora desempeñan un papel clave en el medio de los esfuerzos del Gobierno por consolidar la paz en el país.

El anuncio de la prórroga se produce en un momento en el que el Gobierno de Petro ha abierto oficialmente un espacio de diálogo para cerrar el proceso de Ralito. Este proceso, iniciado hace dos décadas, permitió la desmovilización de las autodefensas, pero dejó pendientes importantes compromisos en términos de justicia, verdad y reparación. Según Colombia+20, la continuidad de los gestores de paz es fundamental para avanzar en estos objetivos, especialmente en lo relacionado con la búsqueda de desaparecidos y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

La figura de los gestores de paz ha sido objeto de debate en Colombia, ya que implica otorgar un rol activo a personas que en el pasado lideraron grupos armados responsables de masacres, desplazamientos forzados y otros crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Gobierno ha defendido esta estrategia como una herramienta para garantizar la participación de estos actores en la construcción de la verdad y la reconciliación nacional.

El caso de Ramón Isaza, que decidió no continuar como gestor de paz, ha llamado particularmente la atención. Fuentes citadas por Colombia+20 señalaron que su decisión estuvo influenciada por problemas de salud y por el impacto emocional de la muerte de su hijo, que era un destacado cabecilla del Clan del Golfo. Por su parte, Hébert Veloza, que también quedó fuera de la prórroga, ya había manifestado su intención de desistir de este rol.

Más de dos décadas después de la firma del proceso de paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se han revelado nuevos movimientos que podrían reactivar una “mesa de diálogo” con antiguos líderes de este grupo armado.

Según informó El Tiempo, durante un evento realizado en Montería a finales de abril de 2025, Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, sostuvo un encuentro con María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se discutieron temas relacionados con los acuerdos de Justicia y Paz. Este encuentro, que inicialmente se presentó como una rendición de cuentas, también incluyó conversaciones que buscan cerrar los compromisos asumidos en el acuerdo de Ralito de 2003.

El evento en Montería marcó un hecho significativo, ya que se suspendió temporalmente la prohibición que impedía a Mancuso pisar suelo cordobés. Durante la reunión, se abordó un plan para localizar cerca de 400 propiedades que los excomandantes de las AUC entregaron como parte de su sometimiento a la justicia.

El medio también destacó que el Gobierno nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, busca cerrar definitivamente el proceso de paz firmado en 2003. Este intento de clausura se produce en un contexto en el que más de 40.000 hechos de violencia han sido atribuidos a disidencias de las AUC, lo que ha dificultado la conclusión de la justicia transicional.