La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El proceso judicial, que marca la primera vez que Sarabia es vinculada como indiciada, se habría nutrido de documentos recolectados en la Casa de Nariño y de actuaciones procesales realizadas a finales de abril de 2025, según pudo establecer el diario El Colombiano.
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Como parte de la recolección de pruebas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) habría entregado a los investigadores el acta de posesión de la canciller, el decreto de su nombramiento y las certificaciones de servicios prestados.
De acuerdo con el medio citado, también se incluyeron copias de sus ingresos mensuales —salarios, viáticos, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneración— correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y la fecha actual.
Los registros entregados por la Cancillería y la Presidencia formarían parte de un intento de la Fiscalía por identificar posibles inconsistencias patrimoniales. El análisis se enfoca en determinar si Sarabia presentó un crecimiento atípico de su patrimonio desde que ocupa cargos públicos en el actual Gobierno, lo cual podría respaldar las hipótesis del ente investigador.
Minutos después de conocerse esta información por medios nacionales, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde su cuenta en X, desmintiendo las versiones que circulan sobre el caso. “Esto es mentira. La fiscalía ha hecho numerosas inspecciones judiciales en presidencia. Se les ha prestado todo el apoyo que piden. Eso no significa que hayamos entregado pruebas ¿pruebas de qué? Esa es la mentira”, escribió el mandatario.
El presidente también sostuvo que las inspecciones judiciales hacen parte de procedimientos estándar y no implican la existencia de elementos probatorios que comprometan a su funcionaria. “Busca El Colombiano dividir el gobierno. La inspección judicial es una acción dentro de un proceso que busca establecer si hay indicios que fortalezcan al denunciante. No es de incumbencia del presidente decir si fue positiva o negativa, la acción de la fiscalía respecto a la validez de la denuncia”, agregó Petro.
En paralelo a la investigación, el 30 de abril, un día después de la recolección documental en Presidencia, la canciller Sarabia compareció ante la Fiscalía, pero no como indiciada, sino como testigo. En esa comparecencia, entregó audios que podrían implicar al ministro del Interior, Armando Benedetti, en un caso de presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.
Rumores de un posible distanciamiento político
La apertura de este proceso judicial ocurre en un momento en que circulan rumores sobre posibles fricciones entre la canciller y el presidente Petro, especialmente por diferencias en la política exterior. Un episodio reciente fue la elección presidencial en Ecuador: mientras Petro expresó reservas sobre la victoria de Daniel Noboa, Sarabia se adelantó a felicitar al nuevo mandatario, lo que generó interpretaciones sobre una eventual distancia entre ambos.
No obstante, Sarabia ha descartado esas versiones. En declaraciones a medios, aseguró: “Tengo buena comunicación con el presidente”, minimizando las tensiones políticas. Aunque admitió que algunas reuniones se han cancelado y existen diferencias de criterio, negó cualquier ruptura con el jefe de Estado.
Por ahora, el caso estaría en su fase preliminar, por lo que no se han formulado cargos. Sin embargo, las repercusiones políticas de la investigación que adelanta el fiscal delegado ante la Corte Suprema generan una creciente expectativa dentro y fuera del Ejecutivo. El presidente, por su parte, parece decidido a cerrar filas en defensa de Sarabia, mientras acusa a ciertos medios de comunicación de querer desestabilizar su Gobierno.
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