Desde hace dos días, un apartamento de 210 metros cuadrados, ubicado en el exclusivo edificio Hills P.H. en el norte de Bogotá, se ha convertido en el centro de atención tras ser vinculado al caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y al senador Iván Name, ambos detenidos.
La defensa de Name ha solicitado que se investigue la compra de este inmueble, que Ortiz compartía con el esmeraldero Pedro Aguilar, asesinado en agosto pasado, según la Unidad Investigativa de El Tiempo.
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La propiedad ha sido señalada como parte de las transacciones relacionadas con el saqueo a la Unidad Ungrd, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado al gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con el medio, Ortiz, quien pasó de ser aliada política de Name a testigo en su contra, admitió haber actuado como emisaria en la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al senador.
Este dinero, según su testimonio, provenía del saqueo a la Ungrd y tenía como objetivo garantizar apoyos legislativos para las reformas del gobierno.
La defensa de Name, encabezada por el abogado penalista Jaime Lombana, ha señalado que la compra del apartamento coincide con las fechas en las que Ortiz habría participado en estas entregas de dinero.
Sin embargo, el abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, ha calificado estas acusaciones como un intento de desviar la atención tras la captura de Name, asegurando que Ortiz no figura como propietaria del inmueble.
El apartamento, ubicado en la carrera 6 con calle 131, cerca del conjunto residencial Bosques del Marqués, donde Aguilar fue asesinado, fue adquirido en 2017 por Jesús Hernando Sánchez, un poderoso esmeraldero y socio de Aguilar, quien también fue asesinado en abril pasado.
Según El Tiempo, aunque Sánchez aparece como propietario en los registros, Aguilar habría financiado parte de la compra mediante un leasing habitacional con el BBVA, con un valor total estimado en 1.400 millones de pesos.
La abogada de la familia Aguilar, Adriana Botero, explicó que la adquisición del inmueble se realizó mediante un cruce de cuentas entre Aguilar y Sánchez.
Otro elemento que conecta a Ortiz con el apartamento es la presencia de Víctor Alfonso Cárdenas Cabrera, un escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al esquema de seguridad de Ortiz.
Según documentos obtenidos por El Tiempo, Sánchez notificó en noviembre de 2023 que Cárdenas sería el arrendatario del inmueble y el encargado de cubrir los pagos.
Este escolta, quien trabajó durante más de 15 años para Aguilar antes de ser recomendado para el equipo de Ortiz, ya ha testificado en la investigación contra Name, confirmando los encuentros en los que se habrían entregado los 3.000 millones de pesos en efectivo.
El abogado de Ortiz explicó que la decisión de registrar a Cárdenas como responsable del apartamento pudo haberse tomado por razones de seguridad, dado que Aguilar había sido víctima de un atentado previo.
Sin embargo, la Corte y la Fiscalía podrían llamar nuevamente al escolta para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra del inmueble. Por ahora, el apartamento permanece en manos de los herederos de Aguilar, luego de que Ortiz lo desocupó en septiembre de 2024.
El caso sigue generando interrogantes, especialmente porque los dos principales involucrados en la adquisición del apartamento, Aguilar y Sánchez, ya no están vivos. La única versión disponible sobre los pagos es que se trató de un cruce de cuentas entre ambos.
Mientras tanto, la defensa de Name podría presentar más información sobre el origen de los recursos, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación en torno a este escándalo de corrupción.
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