La mañana del sábado 3 de mayo de 2025 se revelaron los resultado que dejó la operación Júpiter, llevada a cabo a nivel nacional en nueve departamentos de Colombia por parte del Gaula, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.
Como parte de la ofensiva contra los grupos armados ilegales, y grupos criminales residuales, cayeron un total de 159 personas detenidas. De este valor 18 capturados son señalados de ser miembros del Clan del Golfo. Uno de ellos fue José Francisco Mercado Pacheco, alias XL, que sucumbió gracias al operativo que se reportó el 25 de abril de 2025, tenía la misión de coordinar las operaciones en La Guajira.
Para esto, un infiltrado que conoció de primera mano la operación de algunas de las facciones de este grupo criminal, reveló detalles sobre cómo era que “XL” lideraba estas acciones.
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Mercado Pacheco es señalado por parte de las autoridades de pertenecer al Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de la subestructura Rufino José Morales, del Clan del Golfo.
Qué dijo el infiltrado en el Clan del Golfo tras la captura de alias XL
“Conozco a XL desde hace aproximadamente unos siete ocho años. Soy conocedor de su actividad delictiva que venía ejerciendo en el grupo Clan del Golfo de hace aproximadamente 20 años”, inició con su relato esta persona, al que por motivos de seguridad se le ocultó su rostro y modificó su voz para no ponerla en riesgo tras divulgar estos detalles.
Alias XL “era el jefe urbano (del Clan del Golfo) en el departamento de Córdoba, lideraba todo el tema de la extorsión, el cobro de estupefacientes (...) el tema del narcotráfico, era el que tenía el control”, continuó el relato.
A raíz de una decisión que tomaron sus altos mandos, a Mercado Pacheco le ordenaron “que liderara dichas actividades delictivas en el departamento de La Guajira, donde ordena al grupo de pobladores, al jefe de sicarios, al jefe de inteligencia, la materialización de una serie de homicidios de los comerciantes y empresarios que hasta el momento no han sido positivos frente al pago de exigencias económicas que viene realizando el grupo armado organizado Clan del Golfo”, indicó el informante.
Para esto, “se entregaron unos panfletos en los que iba alusivo en contra del Grupo Clan del Golfo al mando de ‘XL’”, aclaró el sujeto que conocía a la perfección los movimientos de la empresa criminal.
“Es así que en medio de estas actividades y debido al no pago de las mismas por medio de la entidad de su protegido, se presentaron una serie de homicidios en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar, (los hombres al mando de Mercado Pacheco) ejecutaron esta serie de acciones delictivas”.
La relación de alias XL del Clan del Golfo y la santería
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula de la Policía Nacional, detalló que “dentro este vehículo en donde se transportaba ”se encontró algo curioso”.
Además de armamento, municiones y celulares, en la camioneta donde iba este criminal “también fue hallado e incautado (sic) elementos y oraciones de santería a alias XL, con los cuales supuestamente se cubría para eludir el accionar de la fuerza pública”.
Los resultado de la operación Júpiter
Tuvo como objetivo desarticular redes criminales en varias regiones del país, incluyendo Bogotá (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico), Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y departamentos como La Guajira, Tolima, Caldas, Bolívar, Meta y Cauca.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los detenidos se encuentran 124 personas acusadas de extorsión, 32 por secuestro y tres por otros delitos. La operación también impactó a otros grupos armados ilegales, como los residuales de las Farc, el ELN, y organizaciones como Renacer Erpac, Los Pachencas, Los Costeños y Los Mayas.
El coronel Alfonso Sanabria detalló que durante los operativos se incautaron 16 armas de fuego, siete proveedores, 260 cartuchos de diferentes calibres, cuatro granadas, 14 motocicletas, un vehículo y 140 equipos de comunicación. Estos elementos eran utilizados por las organizaciones criminales para coordinar sus actividades ilícitas.
Las víctimas de estas redes criminales eran obligadas a pagar sumas que oscilaban entre 2 y 500 millones de pesos colombianos para evitar ser declaradas como objetivos militares, en especial en La Guajira. Este tipo de extorsión es una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en el país, quienes utilizan el miedo y la intimidación para obtener recursos económicos.
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