El futuro del transporte público en el corredor Soacha-Bogotá está en proceso de transformación, con cambios significativos que impactarán tanto a los usuarios como a los transportadores. En abril de 2025, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) asumió el control del sistema de transporte en esta ruta reemplazando al Ministerio de Transporte.
Este cambio marca el inicio de una reorganización integral que busca modernizar el servicio y garantizar una operación más eficiente y sostenible. Uno de los objetivos principales de la ARM es la renovación del parque automotor, que actualmente está compuesto en un 74% por vehículos con más de 20 años de antigüedad, la mayoría de ellos microbuses de baja capacidad.
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Según detalló el director de la Región Metropolitana, Luis Lota, el plan incluye la integración del sistema de transporte público metropolitano con TransMilenio, lo que permitirá establecer tarifas unificadas y mejorar la conectividad entre las dos ciudades. Lota explicó que esta medida busca equilibrar las tarifas, ya que anteriormente existían diferencias significativas entre el transporte urbano y el intermunicipal.
Para abordar las inquietudes de los transportadores, la ARM implementó un permiso especial y transitorio, consignado en la resolución 02 del 16 de abril de 2025. Este permiso permite que ciertos vehículos continúen operando hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras se definen las condiciones finales del sistema.
El medio local Periodismo Público tuvo acceso a un documento en el que se detalló que los automotores de servicio público afectados por la medida implementada por la ARM se clasifican en cinco escenarios, dependiendo de su fecha de matrícula. Por ejemplo, los vehículos matriculados antes del 5 de noviembre de 1999 tendrán plazo hasta finales de 2027 para ser reemplazados, mientras que aquellos registrados después del 1 de enero de 2024 tendrán un plazo de 24 años para su reposición.
El proceso de renovación del parque automotor no solo busca mejorar la calidad del servicio, también garantizar la seguridad de los usuarios. Según el gerente de Coopcasur Ltda, Omar Alarcón, los vehículos más antiguos representan un riesgo debido a los altos costos de mantenimiento y la falta de garantías.
Alarcón le explicó al medio local que los modelos fabricados antes de 2010 serán los primeros en salir de circulación de manera escalonada a partir de 2027. Sin embargo, advirtió que este proceso podría ser especialmente difícil para los pequeños propietarios, que enfrentan costos elevados para adquirir nuevos vehículos, como los busetones eléctricos de 52 pasajeros, cuyo precio oscila entre 800 y 1.200 millones de pesos.
La transición hacia un sistema más moderno también implica desafíos financieros para los transportadores independientes. Alarcón comentó que la mayoría de los buses actuales pertenecen a pequeños propietarios, que deberán recurrir a créditos y aportar capital propio para cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Esto podría llevar a muchos de ellos a abandonar el negocio, vendiendo sus cupos o cediéndolos a grandes empresas con mayor capacidad financiera. El gerente comparó esta situación con lo ocurrido en Bogotá, donde los pequeños propietarios pasaron a ser conductores empleados por grandes operadores como La Rolita.
Por su parte, la ARM está llevando a cabo estudios técnicos para definir el modelo operativo del corredor Soacha-Bogotá. Estos estudios evaluarán aspectos como la demanda actual y proyectada de pasajeros, las condiciones tarifarias y operacionales, y las características de los vehículos que se utilizarán.
Según explicó Lota, los resultados preliminares de estos estudios estarán disponibles en noviembre de 2025 y permitirán consolidar una visión a largo plazo para el transporte en la región. Entre las alternativas que se están considerando se encuentran tecnologías como el gas licuado de petróleo (GLP) y los buses eléctricos, aunque esta última opción ha generado controversia debido a su desempeño en otros países.
Además de la modernización del parque automotor, el diseño operacional del nuevo sistema incluirá la integración con las fases I, II y III del sistema TransMilenio y Sitp, lo que permitirá una mejor conectividad y una oferta de transporte más racionalizada. De acuerdo con el documento de la ARM, el objetivo es garantizar un servicio de calidad y sostenible que se adapte a las necesidades actuales y futuras de los usuarios.
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