En la jornada del 1 de mayo de 2025, se registraron en la zona rural de Ituango, Antioquia, los asesinatos de dos excombatientes que estaban en proceso de reincorporación, elevando a 20 el número de firmantes de paz asesinados en este municipio desde la firma del acuerdo en 2016.
El primer caso corresponde a Elkin de Jesús Oquendo Graciano, conocido en su época de combate como Héctor Benítez. Infobae Colombia pudo conocer que Oquendo fue retenido por hombres armados en la vereda La Pascuita, zona rural de Ituango, y su cuerpo fue hallado sin vida en el mismo lugar. Pertenecía al NAR (Nuevas Áreas de Reincorporación) Las Mercedes, activo en la región.
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El segundo asesinato involucra a Fredy de Jesús David Giraldo, alias Emilson Márquez. Al igual que Oquendo, Giraldo habría sido secuestrado por hombres armados en la vereda La Cumbre, también en la zona rural de Ituango, y su cadáver fue encontrado en el mismo sector. Este medio pudo concoer que ambos excombatientes habían sido parte del NAR Las Mercedes.
Y es que estos homicidios se registran en un contexto de creciente violencia contra los firmantes del acuerdo de paz en Colombia. En el primer trimestre de 2025, se registró un incremento del 67% en los homicidios de excombatientes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hubo un aumento del 300% en los desplazamientos forzados masivos y un 900% en los casos de desaparición forzada de firmantes de paz y sus familias.
De hecho, la Corte Constitucional ha calificado el año 2025 como el más violento para los firmantes de paz en Colombia. Durante una audiencia reciente, se documentaron homicidios de seis excombatientes en el departamento de Norte de Santander y la desaparición de al menos siete más. La Corte convocó a gobernadores y alcaldes a una mesa de seguimiento para que expliquen las acciones implementadas para proteger a esta población.
En el caso específico de Ituango, la violencia contra los firmantes de paz ha sido una constante. En septiembre de 2022, Arley de Jesús Graciano y el campesino William de Jesús López fueron asesinados en la vereda Badillo, también en Ituango. Este municipio ha sido escenario de múltiples homicidios de excombatientes, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y los exintegrantes de las Farc que buscan reincorporarse a la vida civil.
La situación en Ituango refleja una problemática más amplia en Colombia, donde los firmantes del acuerdo de paz continúan siendo víctimas de violencia y amenazas. A pesar de los esfuerzos institucionales por garantizar su seguridad y reincorporación, la persistencia de grupos armados ilegales y la falta de implementación efectiva de medidas de protección han puesto en riesgo la estabilidad del proceso de paz en el país.
Qué medidas ha tomado el Gobierno nacional frente al creciente número de asesinatos de firmantes de paz
El Gobierno nacional ha adoptado diversas medidas para enfrentar el creciente número de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.
En respuesta a la situación, se han implementado acciones como el Decreto 0137 de 2025, que establece medidas extraordinarias de protección colectiva e individual para líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en regiones como el Catatumbo, donde se han registrado múltiples víctimas. Estas medidas incluyen la asignación de recursos para garantizar la seguridad y el retorno seguro de los afectados a sus territorios.
Además, el Gobierno ha presentado un “plan de choque” ante la ONU para acelerar la implementación del acuerdo de paz, que incluye reformas en áreas como la sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la seguridad en zonas afectadas por el conflicto.
Este plan busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo en los territorios afectados, aunque enfrenta desafíos como la violencia de grupos armados ilegales y la falta de recursos.
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