Nueva investigación contra Leonidas Bustos en el escándalo del cartel de La toga revela posible encubrimiento de pruebas clave

El cartel de La toga, uno de los escándalos más graves en la historia judicial de Colombia, vuelve a dar de qué hablar.

En el centro de la controversia reaparece el nombre del exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, quien, pese a haber sido señalado como una de las cabezas del entramado de corrupción, ha logrado evadir a la justicia desde su refugio en Canadá, de acuerdo con el medio Semana.

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Una nueva investigación reabre el caso y pone bajo la lupa una prueba clave que habría sido ignorada deliberadamente: el testimonio de la exsenadora Piedad Zuccardi, que denunció haber sido víctima de un intento de soborno liderado por Bustos.

Su declaración, según reveló el medio citado, fue registrada en un DVD que, pese a su relevancia, no fue tenido en cuenta en las etapas iniciales del proceso debido a un supuesto “daño físico” en el material.

Con la reapertura del expediente, resurgen serios cuestionamientos sobre si esta omisión respondió a fallas técnicas reales o, por el contrario, a una maniobra deliberada para favorecer al exmagistrado y evitar que enfrentara la justicia.

El cartel de La toga fue una estructura de corrupción que operó desde el corazón de la justicia colombiana. Magistrados y abogados cobraban millonarias sumas a políticos y empresarios para manipular decisiones judiciales.

Hasta la fecha, once personas han sido condenadas por su participación, entre ellas los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, así como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que se convirtió en testigo clave tras aceptar su rol en el esquema.

Pero Bustos, señalado como uno de los artífices del entramado, nunca ha comparecido ante la justicia. Abandonó Colombia en 2017 y ha permanecido en Canadá, alegando razones de seguridad. Desde entonces, ha argumentado que vive de una pensión de 10 millones de pesos mensuales y que no tiene cuentas pendientes.

Según Semana, el pasado 17 de febrero se abrió una nueva línea investigativa contra Bustos, esta vez con pruebas que habían sido omitidas anteriormente.

Una de ellas es la declaración de la exsenadora Piedad Zuccardi, quien relató que, en 2013, mientras se encontraba detenida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), fue abordada por Luis Gustavo Moreno.

El entonces abogado le habría ofrecido sus servicios de defensa por 4.000 millones de pesos, asegurando que contaba con el respaldo de Bustos y Ricaurte.

Zuccardi rechazó la propuesta, y según ella, esa decisión tuvo consecuencias: su solicitud de resolución inhibitoria fue negada, y poco después se ordenó su captura. En una de las conversaciones con Moreno, este le habría dicho: “Usted cometió un grave error”. Al preguntarle cuál, él respondió: “Confiar en la justicia”.

Su testimonio fue grabado en video y entregado a las autoridades, pero el material fue descartado por un supuesto daño técnico. Años después, esa misma declaración fue clave para la condena del exmagistrado Gustavo Malo, lo que refuerza las sospechas de que en el caso de Bustos hubo un intento deliberado por enterrar la prueba.

Luis Gustavo Moreno, extraditado a Estados Unidos y ya condenado por corrupción, ha descrito en detalle cómo operaba la red. Según su testimonio, el monto solicitado a Zuccardi fue considerado insuficiente por Bustos, quien habría sugerido elevarlo a 10.000 millones de pesos.

Moreno también indicó que procesos contra políticos como Musa Besaile, Álvaro Ashton, Nilton Córdoba y Julio Manzur eran direccionados a magistrados aliados, y que Bustos tenía un rol determinante en esas asignaciones y decisiones.

Mientras la justicia avanza en nuevas investigaciones y se revelan más piezas del rompecabezas, José Leonidas Bustos continúa fuera del país. La Procuraduría General de la Nación ya solicitó su extradición, pero hasta el momento no se conocen avances concretos.

Este nuevo capítulo del cartel de La toga deja al descubierto cómo, incluso desde las más altas esferas de la justicia, se habrían engavetado pruebas y protegido a sus propios miembros.