Un operativo del Ejército Nacional permitió la destrucción controlada de un artefacto explosivo que había sido instalado en un área de alta concurrencia civil en la vereda Victoria Baja, corregimiento de San Pedro, en el municipio de Florencia, departamento de Caquetá.
Según informó el medio regional El Territorial que reportó el caso, el dispositivo contenía más de 40 kilogramos de explosivos y elementos metálicos diseñados para maximizar su letalidad.
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El hallazgo fue posible gracias a la intervención de Trixy y Fénix, dos caninos especializados en la detección de explosivos, que localizaron el artefacto enterrado a tan solo 100 metros de viviendas habitadas.
De acuerdo con la información oficial, el explosivo estaba ubicado en una vía frecuentada por niños que se dirigen a sus escuelas y por buses que conectan a la comunidad con la capital del departamento.
Un dispositivo de alto riesgo para la población civil
El artefacto, que según las autoridades habría sido instalado por integrantes de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de las Farc, contenía Anfo, un explosivo de alta potencia, además de puntillas, cadenas y otros objetos metálicos diseñados para incrementar el daño en caso de detonación.
Este tipo de dispositivos, según explicó el brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la Décima Segunda Brigada, violan las normas del derecho internacional humanitario al ser colocados en áreas con alta presencia de civiles, especialmente niños y personas en tránsito cotidiano.
El hallazgo se produjo tras una llamada anónima a la línea antiterrorista 107, lo que permitió a las autoridades desplegar personal especializado en manejo de explosivos al lugar.
Los binomios caninos jugaron un papel crucial en la identificación del artefacto, que estaba oculto dentro de una cantina de leche enterrada en el suelo.
Destrucción controlada y protocolos de seguridad
Una vez localizado el explosivo, los expertos activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Según detalló el medio que reportó el caso, el artefacto fue destruido de manera controlada, evitando así cualquier riesgo para la población cercana.
Las imágenes del operativo, compartidas por las autoridades, muestran los momentos en que los equipos especializados trabajaron en el lugar para neutralizar la amenaza.
El brigadier general Guzmán Jaimes destacó la importancia de estas acciones para proteger a la población civil y reiteró el compromiso del Ejército en la lucha contra las amenazas que representan los grupos armados ilegales en la región.
El brigadier general Guzmán Jaimes instó a los habitantes del departamento de Caquetá a mantenerse vigilantes y a reportar cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad de la región.
“Seguimos trabajando a través de nuestras unidades militares para garantizar la seguridad de los pobladores del departamento”, afirmó el oficial, destacando que la denuncia oportuna es clave para neutralizar las intenciones de los grupos que delinquen en la jurisdicción.
Grupos armados siembran el miedo en la región
El hallazgo del artefacto explosivo en Victoria Baja no es un hecho aislado, sino una manifestación del grave contexto de inseguridad que atraviesa el departamento de Caquetá.
En los últimos días, las autoridades han reportado un alarmante incremento en las actividades de extorsión por parte de grupos armados ilegales, especialmente en los municipios de Florencia, Cartagena del Chairá, Montañita y Puerto Rico.
Según información de la agencia AFP, uno de los principales responsables de esta ola de intimidaciones sería alias Raúl, integrante de las disidencias de las Farc, que actúa bajo las órdenes de alias Calarcá, cabecilla de una de las facciones más activas en la región.
A través de panfletos, audios y mensajes directos, este grupo criminal ha estado amenazando a comerciantes, ganaderos, campesinos e incluso instituciones educativas, exigiendo pagos bajo amenaza de represalias violentas.
En algunos de estos mensajes, alias Raúl advierte sobre el uso de explosivos si no se cumplen sus exigencias económicas, lo que ha elevado la alarma entre la población.
“Hasta un colegio en los últimos días recibió estos volantes. Se los hacen llegar a todo el mundo de una manera descarada”, denunció el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, que alertó sobre la dimensión del problema y la necesidad de una acción contundente del Estado.
Como respuesta, las autoridades han ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Raúl y sus cómplices. Paralelamente, se han intensificado los operativos en la región para frenar el accionar de estas redes delictivas.
La destrucción del artefacto explosivo en la vereda Victoria Baja, sumada a la creciente presión ejercida por los grupos ilegales, evidencia los múltiples frentes en los que las autoridades deben actuar para proteger a la población civil.
En este escenario, la colaboración ciudadana se reafirma como un pilar fundamental para la prevención de tragedias y el fortalecimiento de la seguridad regional.
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