Un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar (Bolívar), junto a dos particulares, fue señalado de integrar una red delictiva dedicada al tráfico de migrantes.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, esta organización habría facilitado la obtención de documentos falsos para ciudadanos extranjeros, permitiéndoles hacerse pasar por colombianos y viajar sin restricciones hacia Estados Unidos.
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La operación contó con la colaboración de Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambas agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, permitió identificar a los presuntos responsables y desarticular esta red.
De acuerdo con el ente investigador, los implicados son Ingrid Katerin Villar Pedrozo, Gerson Puentes Sining y José María Romero Ortega, este último es un funcionario de la Registraduría.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad material en documento público y acceso abusivo a un sistema informático agravado.
Según las autoridades, estas personas habrían operado entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, gestionando registros civiles y otros documentos de identificación para ciudadanos extranjeros, principalmente de República Dominicana.
La investigación reveló que los integrantes de esta red delictiva actuaban en varias ciudades del país. “La intermediación ilícita, al parecer, la realizaban ante registradurías y otras entidades de Cartagena y El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre) y Leticia (Amazonas)“, agregó la investigación.
Según detalló la Fiscalía, los implicados contactaban a ciudadanos extranjeros interesados en obtener documentos colombianos. Posteriormente, gestionaban registros civiles y otros trámites ante entidades oficiales, utilizando información falsa para dar apariencia de legalidad a los documentos.
Gerson Puentes Sining fue identificado como el presunto líder de la organización. Según las autoridades, era el encargado de coordinar el transporte y acompañamiento de los migrantes durante el proceso de obtención de documentos.
Además, se le atribuye la responsabilidad de garantizar que los extranjeros pudieran superar los controles migratorios en los aeropuertos sin inconvenientes. Por su parte, Ingrid Katerin Villar Pedrozo habría participado activamente en el traslado de los migrantes dentro del territorio colombiano.
El rol de José María Romero Ortega, funcionario de la Registraduría, fue clave para el funcionamiento de esta red. Según la Fiscalía, utilizaba su acceso a las bases de datos oficiales para ingresar información falsa y validar los trámites fraudulentos.
Este acceso indebido a los sistemas informáticos permitió que los documentos emitidos parecieran legítimos, facilitando así el tránsito de los migrantes hacia destinos internacionales.
Tras la imputación de cargos, un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento para los tres implicados. Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining deberán cumplir la medida en un centro carcelario, mientras que José María Romero Ortega continuará vinculado a la investigación, aunque no se especificó si enfrentará detención preventiva.
El tráfico de migrantes es un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años en Colombia, debido a su posición geográfica estratégica como país de tránsito hacia Estados Unidos.
Las redes delictivas aprovechan las vulnerabilidades en los sistemas de identificación y control migratorio para facilitar el paso de ciudadanos extranjeros, quienes en muchos casos buscan mejores oportunidades económicas o huyen de situaciones adversas en sus países de origen.
El desmantelamiento de esta red pone en evidencia la sofisticación de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes y la falsificación de documentos en Colombia. Según las autoridades, el hecho de que los trámites fraudulentos se realizaran en múltiples ciudades del país refleja la amplitud de la operación y la capacidad de los implicados para coordinar actividades ilícitas en diferentes regiones.
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