En el departamento del Tolima, las autoridades trabajan en el esclarecimiento de un complejo caso de estafa millonaria que incluye la venta fraudulenta de una tractomula, valuada en más de 211 millones de pesos, por parte de Reinaldo Romero Ortega, un auxiliar de juzgado en Ibagué.
La supuesta maniobra fraudulenta ha derivado en diversas imputaciones legales y en la detención del implicado mientras se lleva a cabo el juicio. Los datos del caso revelan una trama de engaños que incluye la manipulación de documentos públicos y privados, así como múltiples transacciones ilícitas.
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De acuerdo con la reconstrucción hecha por la Fiscalía General de la Nación, Romero Ortega se aprovechó de su posición como secuestre, cargo que lo designaba para custodiar legalmente el bien, y en lugar de mantenerlo bajo cuidado, lo vendió en al menos tres oportunidades.
“El capturado había sido designado como secuestre en un caso ante un juzgado civil de Ibagué (Tolima)”, señaló la Fiscalía, destacando que las acciones del implicado violaron directamente la confianza otorgada por el sistema judicial.
Un esquema fraudulento diseñado en varias etapas
Datos recopilados por El Tiempo, el caso detalla varias transacciones y manipulaciones documentales. En una primera instancia, entre marzo y agosto de 2016, Romero Ortega habría vendido la tractomula en Cartago, Valle del Cauca, obteniendo 180 millones de pesos. Para justificar la posesión del vehículo, presentó documentación falsa indicando que estaba en un parqueadero en Bogotá.
“Proyectó un oficio informando que el vehículo se encontraba en un parqueadero de Bogotá para que se hiciera cargo de él una empresa de esa ciudad, información que no era cierta” afirmó la Fiscalía en declaraciones recogidas por los medios.
Posteriormente, cuando la tractomula fue inmovilizada por la Policía de Tránsito tras una denuncia por hurto, el ahora acusado consiguió recuperarla mediante maniobras judiciales. Según los reportes, “presentó un contrato de arrendamiento del camión a una empresa de Bogotá por 3 millones de pesos, documento que sería falso”. Luego, llevó a cabo una segunda venta, esta vez a cambio de dos automóviles y 46 millones de pesos en efectivo. Luego de estas irregularidades, la tractomula fue inmovilizada por orden del juzgado.
Las víctimas y el impacto de la estafa
Las personas afectadas por esta cadena de fraudes incluyen al propietario original del vehículo, quien confió en el sistema judicial; al comerciante de Cartago que pagó una millonaria suma por el camión; y a la empresa de Bogotá involucrada en el documento de arrendamiento falso. Además, el comprador final, que entregó dos vehículos y dinero en efectivo, también fue víctima de este esquema, que acumuló varias transacciones basadas en engaños. Este caso resalta los riesgos de confiar en la legitimidad de ciertos trámites y la importancia de verificar minuciosamente la documentación en transacciones de alto valor.
Según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el capturado enfrenta acusaciones por múltiples delitos, incluyendo fraude a resolución judicial, falsedad en documento público y privado, fraude procesal y peculado por apropiación. A pesar de las pruebas presentadas, el imputado no aceptó los cargos. No obstante, un juez decidió imponerle medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación.
La elaboración de documentos falsos y el uso indebido de la confianza judicial son delitos graves que pueden acarrear penas severas de prisión.
Mientras continúan las investigaciones, este caso sigue generando atención en Tolima y otras regiones del país, ya que pone en evidencia vacíos y vulnerabilidades en los sistemas legales. Se espera que las audiencias próximas sigan desentrañando los detalles de esta compleja trama y que se dicten sentencias que permitan reparar en la medida de lo posible los daños causados a las víctimas.
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