Alcaldes de El Catatumbo denuncian que no llegan recursos de la conmoción interior

86 muertos y 57.000 desplazados, tras dos meses de confrontaciones entre el ELN y el Frente 33, y nada que el Gobierno nacional entrega los recursos que requieren en la conflictiva región de El Catatumbo (Norte de Santander) para atender la crisis humanitaria que desataron esos grupos armados organizados, que se disputan la ruta del narcotráfico a través de Venezuela.

Los alcaldes de los 11 municipios que conforman esta zona del nororiente colombiano denunciaron que pese a que hay una declaratoria de conmoción interior para sus territorios, que decretó el presidente de la República, Gustavo Petro, todavía no les giran el rubro para poder ayudar a la población civil afectada que ha sido desplazada o que se ha tenido que confinar de manera forzada.

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“No hemos visto proyectos que estén avanzado en estos momentos en esta dos situaciones que se han decretado: Pacto de Catatumbo y conmoción interior no hemos visto una claridad en cuanto a su ejecución”, señaló el alcalde de Hacarí, Robeiro Muñoz, quien fue uno de los ocho mandatarios catatumbeses que asistieron a una reunión con delegados de la administración nacional el pasado lunes, detallaron en el informativo de televisión Noticias Caracol.

Los líderes locales recordaron que con ese rubro están a la espera de que se realicen también proyectos de infraestructura en sus territorios que les permitan superar la complicada situación de orden público que han padecido en la historia reciente, y que se incrementó por cuenta de los enfrentamientos entre las dos guerrillas.

“Lo que se requiere es que en verdad se ejecuten esas obras para que la paz pueda llegar a nuestros territorios y que los campesinos pasen de ese conflicto que ha afectado el tejido social a una paz con dignidad”, reiteró Muñoz.

Por parte del Gobierno Petro se comprometieron a agilizar la ejecución de los recursos, aunque reconocieron que no una situación a la que se le pueda dar solución con facilidad, recogieron en ese medio de comunicación.

“Tenemos una línea muy clara de inversión para agilizar en temas administrativos, pero si bien es cierto la conmoción interior durará 90 días, lo que necesita El Catatumbo son acciones estructurales de mediano y largo plazo”, expresó el viceministro de Diálogo, del Ministerio del Interior.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare ajustado a la constitución el Decreto Legislativo 0062 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el estado de conmoción interior en varias zonas del país. Esta medida, que afecta a la región del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y localidades como Río de Oro y González en el departamento del Cesar, fue decretada el pasado 24 de enero como respuesta a una creciente ola de violencia en estas áreas.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, presentó un concepto ante el alto tribunal argumentando que la medida es necesaria para enfrentar la crisis de seguridad en la región. Según el Ministerio Público, la presencia de grupos armados ilegales y las constantes violaciones de derechos humanos en estas zonas justifican la implementación del estado de excepción.

En su intervención, la Procuraduría destacó que el decreto cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para la declaratoria de un estado de conmoción interior.

El procurador subrayó que estas acciones son esenciales para restablecer el orden público y proteger a los habitantes de las zonas más afectadas. Además, opinó que la gravedad de la crisis en el Catatumbo requiere medidas excepcionales, permitiendo al Estado enfrentar desafíos de seguridad y derechos humanos en la región.