La Superintendencia de Sociedades de Colombia sancionó con una multa de 142.350.000 pesos (aproximadamente 34.000 dólares) a tres ciudadanos extranjeros, Michael Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, identificados como los controladores conjuntos de Fast Colombia S.A.S., operadora de Viva Air, y Viva Airlines Perú S.A.C.
Esta decisión se tomó luego de establecer que los sancionados tenían el máximo poder de decisión en las compañías, lo que los hacía responsables de sus operaciones y obligaciones.
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De acuerdo con el organismo, los empresarios gestionaban las aerolíneas a través de estructuras societarias intermediarias que no contaban con el patrimonio suficiente para responder ante las demandas de los acreedores.
Esta situación, según la Superintendencia, representaba un riesgo para los grupos de interés relacionados con las empresas, ya que las matrices carecían de la capacidad financiera para asumir posibles reclamaciones.
La multa se impuso en el marco del proceso de liquidación de Fast Colombia S.A.S., iniciado tras el cese de operaciones de Viva Air en febrero de 2023.
Viva Air, conocida por ser una aerolínea de bajo costo, suspendió abruptamente sus operaciones a inicios de 2023, dejando a miles de pasajeros varados y sin la posibilidad de usar los tiquetes adquiridos. Esta decisión generó una ola de quejas y reclamos, mientras la aerolínea anunciaba en junio su entrada en liquidación, argumentando falta de recursos financieros para mantenerse a flote.
El panorama se complicó luego de que Avianca, que había considerado una integración con Viva Air, descartara la operación debido a los “condicionamientos” impuestos por la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Sin opciones viables, la aerolínea terminó su ciclo dejando a pasajeros, empleados y acreedores en la incertidumbre.
Responsabilidades legales y procesos pendientes
La Superintendencia determinó que Millar, Luna y Caballero eran los verdaderos responsables de las decisiones estratégicas de las compañías, y no las sociedades intermediarias.
El superintendente Billy Escobar Pérez subrayó que, si bien el derecho societario permite estructuras empresariales complejas, estas deben garantizar que las matrices tengan la solvencia para responder ante obligaciones legales y financieras.
“No obstante, debe señalarse que las actuaciones administrativas que versan sobre las declaraciones de grupo empresarial o control, obedecen a una facultad administrativa de esta Entidad y son diferentes a las atribuciones sobre desestimación de la personalidad jurídica que se deben ventilar dentro de un proceso judicial, con la plenitud de las garantías para ejercer el derecho de defensa”, afirmó Escobar.
Por su parte, los empresarios sancionados podrán interponer recursos legales para apelar la decisión, aunque este proceso podría extenderse debido a la complejidad del caso.
La superintendente de Industria y Comerico, Cielo Rusinque destacó en diciembre del 2024 que, como resultado de estrategias para tratar el tema con Viva I, se calificaron 34.342 demandas, incluyendo admisiones, inadmisiones y rechazos.
Además, se resolvieron 1.085 recursos de reposición y se emitieron 35.342 providencias. Estas cifras reflejan el esfuerzo de la entidad por responder al aumento exponencial de casos, muchos de los cuales están relacionados con la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air, que dejó a numerosos usuarios afectados.
Sanciones por alteraciones a la libre competencia
En el ámbito de la libre competencia económica, la SIC resolvió 16 casos durante 2024, imponiendo sanciones a 130 personas investigadas. Según detalló El Tiempo, las multas ascendieron a 64.000 millones de pesos, y la mayoría de los casos sancionados estuvieron vinculados a irregularidades en procesos de contratación estatal. Estas acciones subrayan el compromiso de la entidad con la regulación y supervisión de prácticas comerciales justas en el país.
Uno de los temas destacados en el balance de la SIC fue el impacto de la crisis de la aerolínea Viva Air. Según informó El Tiempo, la suspensión de operaciones de esta compañía generó un número considerable de demandas por parte de usuarios afectados.
La situación de Viva Air, que incluyó la devolución de cinco aviones debido a deudas con arrendadores, evidenció los retos financieros que enfrentan las aerolíneas de bajo costo en el mercado colombiano. La SIC ha trabajado en la resolución de estos casos, buscando proteger los derechos de los consumidores perjudicados.
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