El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia publicó la resolución 0221 de 2025 con la que definió una zona de reserva de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo del páramo de Santurbán.
En el documento publicado por la cartera, se contempla una zona de 75.44,65 hectáreas, que cubre los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y parte de la ciudad de Bucaramanga.
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De igual manera, el ministerio resaltó que el objetivo de esta zona de reserva temporal es la protección de la biodiversidad y de los recursos hídricos que abastecen a Bucaramanga y a otros municipios de la región.
“Mientras esté vigente la zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal que se declara en el presente acto administrativo, las autoridades mineras y ambientales competentes, en virtud del principio de precaución, no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales, hasta tanto se desarrollen los estudios que conlleven a la protección y conservación de los recursos naturales renovables”, se lee en la resolución.
La normativa expedida por el Ministerio de Ambiente generó todo tipo de reacciones en los sectores sociales del departamento. Mientras que algunos consideraron necesaria esta resolución para proteger esta reserva ambiental, otros consideran que la medida es inconstitucional.
Por un lado, Danikka Macias, representante del Comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, celebró el anuncio firmado por la entonces ministra Susana Muhamad.
“Esta noticia trae consigo un hecho concreto y es que se detiene durante dos años la actividad minera de Aris Mining y de Minesa. Además, como lo habíamos venido denunciando, no afecta ningún tipo de actividad agrícola ni pecuaria del territorio en donde se va a despedir”, explicó la defensora en declaraciones citadas por W Radio.
Además, la líder ambiental señaló que, más allá de sus posiciones políticas, es un triunfo de la naturaleza y de la población santandereana.
“Hacemos énfasis en que esta es una victoria, no de derecha ni de izquierda, sino de la ciudadanía bumanguesa y del Área Metropolitana (de Bucaramanga) que ha salido a movilizarse, se ha tomado las calles y le ha dicho al Gobierno nacional y departamental que no va a permitir que se metan con su territorio y que pongan en riesgo el agua de todas y todos los santandereanos”, comentó.
Criticas a la resolución del Ministerio de Ambiente
Entre tanto, Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, afirmó que “esta resolución no tiene sustento técnico, viola el Acuerdo de Escazú y fomenta la minería ilegal. Miles de familias se verán obligadas a la pobreza y el desplazamiento si el Gobierno no revoca esta medida”.
A su vez, más de 40 asociaciones de pequeños mineros, campesinas, comunales y sociales de Soto Norte aseguraron que el Ministerio de Ambiente habría cometido un error en el artículo dos de la resolución mencionada, en la que se detalla el área de reserva que, según la cartera, fue definida con información cartográfica y digital, pero que podría ser ajustada en el futuro, una vez se finalice la delimitación definitiva del Complejo de Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
“La falta de rigurosidad con la que el Ministerio manejó esta resolución es indignante. El afán y la improvisación fueron tales que incurrieron en un error gravísimo. Si el Ministerio pretende corregir este gigantesco fallo y modificar la cifra de 75 hectáreas a 76 mil hectáreas, deberá emitir una nueva resolución. Además, dado que este cambio es sustancial, pues amplía significativamente el área de reserva y afecta a más personas, prácticamente tendrían que reiniciar el proceso desde cero. Por eso, el Ministerio guarda silencio, no han publicado la resolución ni emitido un comunicado en su página web”, manifestaron las organizaciones sociales en un comunicado.
Para corregir este error, según los expertos y las normas vigentes, el Ministerio de Ambiente estaría obligado a hacer una nueva consulta pública sobre la extensión de 75 mil hectáreas, expedir otra resolución firmada por la designada ministra de Ambiente, Lena Estrada.
“Eso pasa cuando uno quiere hacer las cosas a última hora, corriendo, para cumplir pactos políticos con activistas. La Ministra sacó esa resolución con esos errores y otros insubsanables, que miles de habitantes de Soto Norte vamos a demandar y tutelar”, añadieron.
El macizo de Santurbán ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años debido a su importancia ambiental y a los conflictos generados por la actividad minera en la región. La delimitación del páramo y la creación de áreas protegidas han sido temas recurrentes en la agenda ambiental del país, enfrentando posturas encontradas entre defensores del medio ambiente y sectores económicos.
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