Este es el abogado de ‘Papá Pitufo’: estaría trabajando para impedir su extradición a Colombia

La atención del país sigue centrada en Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que se ha convertido en pieza clave después de conocerse de su intento por infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al entregar 500.000 millones de pesos a través de una de las fichas del hoy presidente, Xavier Vendrell.

Sin embargo, los problemas que ha tenido el Gobierno Petro para traerlo de vuelta al país desde Portugal, donde mantiene detenido desde diciembre de 2024, sacaron a la luz al polémico abogado que está detrás de su defensa y que estaría trabajando para impedir su extradición.

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Se trata del abogado Gonzalo Boye Tuset, de origen chileno y con una trayectoria marcada por controversias. De hecho, según información obtenida por El Colombiano, el litigante ha sido acusado de blanqueo de capitales y falsificación de documentos, además de enfrentar cuestionamientos por sus vínculos con personajes relacionados con el narcotráfico y la política en Colombia y España.

Y es que en la lista de clientes de Boye también se encuentra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, que enfrenta un proceso en España por el delito de Malversación.

Boye, de 59 años, nació en Chile y estudió economía en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, antes de trasladarse a España, donde militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En 1992, fue condenado a 14 años de prisión por su presunta participación en secuestros realizados por el grupo terrorista ETA. Durante su tiempo en prisión, estudió Derecho, lo que marcó el inicio de su carrera como abogado. Desde entonces, ha representado a una amplia gama de clientes, desde narcotraficantes y contrabandistas hasta políticos y activistas, consolidándose como una figura mediática y controvertida en el ámbito legal europeo.

Uno de los casos más recientes que involucra a Boye es el de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.

Marín fue capturado en Valencia, España, en abril de 2024, pero logró escapar a Portugal tras obtener libertad condicional gracias a una estrategia legal liderada por Boye, según información obtenida por El Colombiano.

Las autoridades españolas habían exigido que Marín entregara su pasaporte español y se presentara regularmente ante las autoridades, pero no previeron que el contrabandista utilizaría su pasaporte colombiano para huir. Finalmente, fue recapturado en diciembre de 2024 en Portugal.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha realizado gestiones diplomáticas con el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, para garantizar la extradición de Marín a Colombia.

Según conoció el medio, Boye viajó recientemente a Portugal para reunirse con su cliente y preparar una estrategia legal que podría incluir recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, en un intento por frenar la extradición.

Además de su relación con Marín, Boye es conocido por ser el abogado principal de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y figura clave del movimiento independentista catalán.

Puigdemont, quien huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser detenido por cargos de rebelión y sedición, ha contado con el apoyo legal y político de Boye en su lucha por la independencia de Cataluña.

Según El Colombiano, Boye no solo actúa como abogado, sino también como activista de la causa independentista, lo que ha generado críticas y acusaciones de parcialidad en su ejercicio profesional.

El vínculo entre Boye y el independentismo catalán también se extiende a figuras como Xavier Vendrell, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y asesor del presidente Petro.

Vendrell, quien fue nacionalizado colombiano al inicio del actual gobierno, ha sido señalado por su participación en un referéndum ilegal para la independencia de Cataluña y por su relación con el contrabandista Marín.

Vendrell habría recibido 500 millones de pesos colombianos de Marín durante la campaña presidencial de 2022. El dinero, entregado en efectivo en una mansión en Bogotá, habría sido destinado a financiar la campaña de Petro.

Sin embargo, el entonces candidato fue alertado de la situación por Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien recomendó devolver el dinero y grabar la devolución para evitar un escándalo.

El papel de Boye en estos casos ha sido objeto de escrutinio, especialmente por su presunta implicación en una operación de blanqueo de capitales vinculada al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, líder del Cartel de Galicia y que es representado por el litigante.

Según El Colombiano, la Fiscalía Antidroga de España solicita una pena de diez años de prisión para Boye por delitos de blanqueo y falsificación de documentos.

En una columna publicada en el portal catalán El Nacional, Boye defendió su inocencia y denunció lo que considera una estrategia de “lawfare” (guerra jurídica) en su contra.

Según sus palabras, las acusaciones buscan no solo dañarlo personalmente, sino también enviar un mensaje a otros abogados que defiendan causas como el independentismo catalán.

Otro elemento que vincularía a Boye con Colombia es el asesinato del narcotraficante español Santiago Quintero Marín en Pereira, en 2018. Según reveló el medio, Quintero era miembro de la organización criminal de Sito Miñanco y fue asesinado por la banda colombiana Los Machos, que operaba en el San Andresito de la 38, un conocido centro de comercio de contrabando en Bogotá.

En una investigación contra Vendrell revelada por El Reporte Coronell, se encontró en su computador un documento judicial de acceso restringido relacionado con este caso, lo que refuerza los vínculos entre el asesor político y Boye.