Denuncian baja ejecución presupuestal en el Inpec mientras aumenta la extorsión desde las cárceles: “No es justo tanta complacencia con los bandidos”

La congresista Carolina Arbeláez denunció que la extorsión en Colombia continúa en ascenso en 2024, incrementándose un 22% en comparación con 2023. Este fenómeno se ha intensificado en Bogotá, donde los casos han crecido en un alarmante 71%, según datos de la representante.

Arbeláez sostiene que la mayoría de estos delitos se originan desde las cárceles, lo que resulta aún más preocupante dado que ocho centros penitenciarios de máxima seguridad, incluyendo La Picota en Bogotá y La Tramacúa en Valledupar, no cuentan con inhibidores de señal en funcionamiento, facilitando así el contacto entre los internos y las víctimas potenciales.

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“Lo más preocupante es que estos delitos se cometen en su mayoría desde las cárceles, pero hemos identificado como en más de ocho cárceles a nivel nacional los inhibidores de señal se encuentran fuera de servicio”, explicó Arbeláez, revelando que en otras siete cárceles, aunque sí funcionan inhibidores de señal, estos se encuentran en estado de obsolescencia tecnológica, lo que reduce su efectividad.

A través de un video compartido en su cuenta de X, la congresista expresó su preocupación sobre este panorama y describió cómo este tipo de delitos ha cobrado vidas, como en el caso de Marlene, una joven empleada de Supergiros, asesinada brutalmente por extorsionistas, o el caso de Silvio Mamián, un comerciante de Bogotá asesinado por no pagar extorsiones.

Este problema, en palabras de Arbeláez, no solo se limita a una falta de recursos o de inversión, sino que refleja una falta de voluntad gubernamental para enfrentar la problemática. “Esto no es un problema menor, pues no puede ser que el gobierno no haga nada para enfrentar este delito”, puntualizó.

Otro de los aspectos que llamó la atención de Arbeláez es la baja ejecución presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en programas de inversión destinados al uso de herramientas tecnológicas. Según datos recogidos por la representante, el Inpec apenas ha ejecutado un 0,12% de su presupuesto destinado a esta área, un porcentaje sumamente bajo dada la urgencia de fortalecer la tecnología en los centros penitenciarios. En sus redes sociales, Arbeláez escribió: “No es justo tanta complacencia con los bandidos”.

Este déficit en la ejecución presupuestal afecta directamente la capacidad del Estado para hacer frente a la extorsión desde los centros penitenciarios, ya que la falta de tecnología adecuada permite que los reclusos mantengan contacto con el exterior mediante dispositivos móviles. “Estos delincuentes no tienen límite, operan sin temor a la justicia, envían panfletos, videos con armas o granadas”, comentó la congresista, que también señaló que, solo en Bogotá, siete comerciantes son extorsionados a diario, y muchos otros han sido asesinados por negarse a pagar las extorsiones.

Ante la gravedad de la situación, Arbeláez anunció que, junto al representante Julio César Triana, ha presentado un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de regular el uso de tarjetas SIM en el país. Esta propuesta busca reducir el acceso de los reclusos a dispositivos móviles que faciliten la comisión de delitos.

El proyecto incluye la obligatoriedad de identificación biométrica para la adquisición de SIM cards en Colombia, de manera que cada usuario esté debidamente registrado en las bases de datos de los operadores de redes de telecomunicaciones. Este registro deberá incluir el nombre completo, número de identificación, tipo de documento, número de teléfono móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos que permitan verificar la identidad del usuario. Así, se evitaría que los reclusos, o quienes actúan desde el exterior en colaboración con ellos, puedan acceder a estas tecnologías de manera anónima.

Además, el proyecto de ley propone la implementación de un sistema que permita identificar y alertar a los usuarios sobre las llamadas procedentes de centros penitenciarios y carcelarios, una estrategia que sería regulada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En ese sentido, los operadores de telefonía móvil estarían obligados a advertir a los receptores de las llamadas sobre la procedencia de las mismas, lo cual proporcionaría una capa adicional de seguridad a los ciudadanos.