Acore (Asociación Colombiana de Oficiales FF.MM) ha emitido un enérgico comunicado en el que critica la reciente resolución del presidente Gustavo Petro, que designa como gestores de paz a cuatro disidentes de las Farc capturados en Antioquia. Según informó Blu Radio, esta medida generará que los detenidos recuperen su libertad.
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En julio del 2024, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu’; Wenser Yosony Duque, alias ‘Oliver González’; Diego Armando Vargas y María Alejandra Ojeda Londoño fueron aprehendidos mientras transitaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Anorí, Antioquia. Estas camionetas habían sido asignadas a un grupo de disidentes en proceso de paz. No obstante, las cuatro personas detenidas tenían órdenes de captura vigentes.
“Estos nombrados gestores de Paz reciben total amparo jurídico ante delito recientes, incluso cometidos en flagrancia, el Gobierno nacional debe evitar este tipo de nombramientos. La paz no puede ser construida sobre la impunidad, ni sobre la complicidad con quiénes han cometido crímenes atroces”, señala el comunicado de Acore.
En su comunicado, Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) y otras 67 asociaciones de la reserva y veteranos de la Fuerza Pública, expresan su desacuerdo con la designación de estos detenidos como gestores de paz. Sostienen que estos individuos son responsables del homicidio de militares y policías y ven en la decisión gubernamental un premio a los victimarios.
El comunicado de la Asociación destaca que estos nombramientos proporcionan “total amparo jurídico ante delitos recientes, incluso cometidos en flagrancia”. Acore enfatiza que el Gobierno debería evitar este tipo de decisiones que “revictimizan a los colombianos vulnerados por estos criminales”. “La paz no puede ser construida sobre la impunidad, ni sobre la complicidad con quienes han cometido crímenes atroces”, señalan.
“Rechazamos cualquier intento de utilizar la reconciliación como pretexto para otorgar legitimidad a aquellos que han atentado contra la vida y la seguridad de los colombianos”, dice el comunicado.
Desde Fuerza Púrpura, reiteraron que hay un compromiso inquebrantable con los valores fundamentales de respeto mutuo, justicia y verdad. Por lo que continuaran trabajando incansablemente para promover los principios democráticos en nuestra sociedad. Además, ofrecieron respaldo incondicional a la Fuerza Pública, que enfrenta desafíos significativos en su misión de proteger la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.
El acto de designar a estos detenidos como gestores de paz ha generado gran controversia dado que también se acusa al Gobierno de utilizar el tema de la reconciliación como pretexto para otorgar legitimidad a quienes atentan contra la seguridad ciudadana.
Alias Firu ahora es gestor de paz
La designación de Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como alias Firu, como gestor de paz por parte del Gobierno colombiano, ha desatado un intenso debate y controversia. Firu, un disidente de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), fue recientemente detenido cuando viajaba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y tenía una orden de captura vigente.
El Gobierno introdujo esta nominación en el marco de su política de “paz total”. Según la Resolución 345, firmada por el jefe de Estado, esta medida tendrá una duración de seis meses y abarcará todo el territorio nacional. El papel de los gestores de paz incluye asistir a diligencias judiciales, desarrollar un plan de trabajo y presentar informes mensuales sobre sus actividades.
Alias Firu no es el único miembro disidente que desempeña este nuevo rol. Junto a él, tres disidentes más han sido seleccionados con la esperanza de que contribuyan al proceso de paz y fomenten acuerdos humanitarios. Esta estrategia gubernamental busca la integración de actores armados en la dinámica de la pacificación nacional.
El nombramiento de Firu ha suscitado reacciones encontradas. Algunos sectores de la sociedad y partes interesadas critican la decisión de incorporar a individuos con antecedentes criminales en tal proceso. Temen que esto pueda enviar un mensaje confuso a la ciudadanía y consideran que la medida es demasiado indulgente.
Además, hay quienes argumentan que es crucial para el proceso de paz involucrar a todos los actores relevantes, incluso aquellos con un pasado delictivo. Sostienen que la inclusión de disidentes puede generar avances significativos en la búsqueda de acuerdos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
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