La audiencia de imputación de cargos contra Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, ha sido fijada para el 12 de agosto a las 9:30 a. m. en la Fiscalía, en la cual enfrentará acusaciones por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos formales, relacionados con presuntas irregularidades en un contrato ejecutado durante la pandemia para atender la emergencia de covid-19.
La investigación abarca un contrato para una plataforma tecnológica cuyo valor excede los mil millones de pesos. En este caso, también están siendo investigados César García, que era el director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento en ese momento, y Sergio Orlando Ferro, supervisor del contrato.
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En junio de 2021, Ferley Sierra, que en ese momento era diputado por Santander, presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra el exgobernador por la adjudicación de contratos millonarios durante la pandemia, que habrían favorecido a empresas inexistentes.
Este contrato tenía como objetivo proporcionar atención telefónica y asesoramiento sobre COVID-19 a la comunidad de Santander. Sin embargo, se sospecha que se efectuó el pago por un servicio que no se brindó y sin contar con el personal profesional requerido según lo estipulado en el contrato.
El contrato estaba programado para ejecutarse en un plazo de tres meses con un presupuesto inicial superior a 742 millones de pesos. Según la Procuraduría, se desembolsaron 13 millones mensuales. A pesar de ello, se realizaron dos incrementos adicionales en el presupuesto, elevando el monto total del contrato a dos mil millones de pesos.
Ese procedimiento fue llevado a cabo con la empresa Advance Technologies Solutions Groups S.A.S., cuyo representante legal es Viviana Ojeda Bernal.
En ese sentido, la Procuraduría respecto a todo lo anterior cuestionó la conducta del exgobernador, quien aparentemente delegó en el director de gestión del riesgo la autoridad contractual para cumplir con la misión y las funciones inherentes a su cargo.
Las acusaciones también fueron presentadas contra César Augusto García Durán, exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, quien firmó el acuerdo legal, y contra Sergio Orlando Ferro Dávila, entonces supervisor del contrato. Ferro Dávila habría suscrito y aprobado las actas de supervisión del contrato sin reportar presuntamente el incumplimiento del contratista.
Actualmente, las acciones bajo investigación fueron clasificadas por la entidad disciplinaria como una falta gravísima atribuida a una culpa grave.
Uno de los denunciantes, el senador de Santander Fabián Díaz dijo al respecto que: “el contratista no proporcionó todo el personal prometido, faltando específicamente un epidemiólogo. A pesar de este incumplimiento, se efectuaron pagos completos al contratista, lo que evidenció una falta de supervisión adecuada”.
Por otro lado, de acuerdo con W Radio el exdiputado Sierra afirmó que ha estado denunciando estos delitos durante varios años, pero que “si bien la citación no nos dice cuál de las tantas denuncias que realizamos es por la que se le está imputando el día de hoy, creemos que pueda ser por el plan de medios”.
Además, señaló que tanto el exgobernador Aguilar como la exgerente del canal TRO deberán rendir cuentas, ya que en el debate realizado no respondieron a las preguntas formuladas por los diputados. “Simplemente optaron por el silencio y se demostró con esta imputación que siempre tuvimos la razón”, comentó el exdiputado.
Adicionalmente, Sierra añadió que: “Por fortuna la verdad tarde o temprano sale a la luz y por fortuna, hay medios de comunicación que no han sucumbido en la corrupción y que han mostrado siempre la historia completa de cómo funciona la corrupción en Santander”.
Pero no es la única investigación en la que se vio envuelto Aguilar recientemente, pues, un reporte emitido por la Contraloría de Santander evidenció posibles desvíos de fondos durante el mandato de Mauricio Aguilar como gobernador del departamento. El informe señaló 86 irregularidades fiscales, lo que representa una pérdida estimada de 3.700 millones de pesos.
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