El conflicto en torno a la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional continúa escalando. Leopoldo Múnera, Alberto Yepes y Rodrigo Uprimny profesores de la misma institución, presentaron una demanda solicitando la anulación de dicha designación. El recurso fue elevado ante la sección quinta del Consejo de Estado, y marca un nuevo capítulo en este asunto que ha captado la atención de la comunidad universitaria y del sector educativo en general.
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Esta acción legal busca impugnar la validez del proceso mediante el cual Peña fue nombrado para liderar una de las instituciones de educación superior más importantes del país. La situación genera expectativa sobre las posibles repercusiones y decisiones futuras que pueda tomar tanto el Consejo de Estado como la propia Universidad Nacional en respuesta a estas disputas legales y administrativas.
A través de un comunicado, se señaló que, aunque Leopoldo Múnera obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones no vinculantes, el Consejo Superior Universitario (CSU) “eligió a Peña el 21 de marzo y se abstuvo de dar cualquier explicación de esa decisión, pues optó por el voto secreto”. Además, resaltaron en el mismo mensaje que el CSU carecía de autoridad para alterar las normas electorales establecidas.
Los docentes expresaron su desacuerdo con el método de votación utilizado, conocido como Borda o voto ponderado, por su carácter inédito en este contexto. Este sistema consiste en descartar a tres candidatos en dos rondas y luego proceder con una votación directa. “Eso se hizo sin haber enviado previamente a la sesión una explicación de esta metodología, radicalmente nueva y cuyas implicaciones no son fáciles de comprender en forma inmediata”, sostuvieron en el comunicado.
De acuerdo con lo expuesto por los profesores, existen referencias en la literatura académica que cuestionan la eficacia del método empleado para la elección del rector, señalando que este no sigue la regla de mayoría. Por el contrario, tiende a favorecer al candidato con el menor nivel de rechazo entre el cuerpo elector. Este punto de vista crítico se basa en un análisis riguroso de los procedimientos electorales.
Además, manifiestan su inconformidad respecto a encuentros previos no divulgados oficialmente, llevados a cabo por cinco integrantes del CSU antes de la votación del 21 de marzo. Un aspecto particularmente controvertido de esta reunión previa es que se ignoraron los resultados de una consulta universitaria expresada en las urnas, la cual había designado a Múnera como el ganador.
Los docentes detallan estas acciones especulativas con mayor profundidad: “Los cinco consejeros que apoyaron el voto secreto y el método Borda de eliminación y que en la segunda ronda calificaron a Múnera como la peor opción se habían reunido privadamente tres días antes para discutir entre ellos acerca de esta elección, sin invitar a la ministra ni a las dos delegadas presidenciales”.
Este elemento de la discusión señala una falta de transparencia y posiblemente una predeterminación del resultado electoral, algo especialmente significativo teniendo en cuenta que la representante estudiantil había declarado que respetaría la decisión de los estudiantes, y se esperaba que el representante de los docentes hiciera algo similar.
Según los demandantes, esta serie de eventos pone de relieve que los cinco consejeros parecían tener un objetivo claro: impedir que Múnera alcanzara la rectoría. En el documento publicado así lo señalan: “Querían evitar que Múnera fuera rector, pero no querían aparecer públicamente con esa posición, pues era irse demasiado en contra de la consulta a los estamentos académicos”.
Leopoldo Múnera, que no resultó electo para la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, manifestó anteriormente su decisión de optar por la desobediencia civil frente a la victoria de Ismael Peña. Múnera argumentó que el proceso mediante el cual se designó al rector es tanto ilegal como ilegítimo, alegando que no se tomó en cuenta la mayoría de votos que él recibió por parte de estudiantes, profesores y egresados.
Criticó la falta de transparencia del Consejo Superior Universitario (CSU) al seleccionar al nuevo rector de entre los cinco candidatos más votados.
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