La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), sean eliminados por completo. La Policía Nacional, la Interpol, la Dijín y la Registraduría Nacional del Estado Civil deberán borrar todo rastro de los crímenes que hayan cometido.
“En esta decisión, la SAI ordena materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz. Los firmantes de paz que recibieron estas amnistías, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad”, detalló la JEP.
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De acuerdo con la magistrada de la SAI Diana Vega Laguna, las amnistías de iure ya habían sido otorgadas en 2017, durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, no todas fueron materializadas, por lo que los exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 siguen teniendo un historial delictivo registrado, lo que les impide continuar con su reincorporación a la vida civil.
“La permanencia de su nombre y documento de identidad en los registros de las autoridades competentes, resulta ser una afectación a los derechos fundamentales a la libertad, al buen nombre, al hábeas data y, de contera, produce efectos negativos directos e indirectos relacionados con la posibilidad de lograr estabilidad laboral, familiar y social; el derecho a la libertad de empresa, a la bancarización y en general, al libre desarrollo de la personalidad”, se lee en la resolución de la JEP.
Las amnistías iure solo fueron otorgadas a personas que hayan estado relacionadas con los delitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1820 de 2016: “delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando”.
La ley en cuestión implica la extinción de toda acción penal contra las personas que hayan incurrido en estas conductas delictivas. Eso quiere decir que tampoco pueden recibir sanciones principales, accesorias y civiles. De igual manera, se les libra de condenas indemnizatorias. “La aplicación de la amnistía de iure de que trata la Ley 1820 de 2016, tendrá como efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando privados de la libertad hayan sido beneficiados de tales medidas”, añade la normativa.
Los firmantes de paz han denunciado dificultades para retomar sus vidas con normalidad luego de haber accedido a la desmovilización, sobre todo, por los altos niveles de inseguridad que hay en el país. Pues, según cifras reportadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 10 excombatientes de las extintas Farc han sido asesinados en lo corrido de 2024. Además, otros 44 perdieron la vida a manos de la violencia en 2023.
Frente a esto, la directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, explicó que los constantes homicidios generan desconfianza en el proceso de reincorporación y arraigo a la vida civil. De igual manera, indicó que estos hechos se estarían presentando por presiones ejercidas por grupos armados, que buscan que los firmantes de paz se vuelvan almas armas. Cuando se niegan, se vuelven objetivo militar.
“Nos preocupa mucho la lentitud en términos de las investigaciones que adelanta la Fiscalía. No lo decimos nosotros solamente, lo dijo también la misión de la verificación de Naciones Unidas en su último informe, cómo desde el 2016 apenas se ha tenido 71 condenas de estos más de 400 casos, y de los cuales son cinco son autoría intelectual, son motores intelectuales. Y eso frente a una dimensión de más de 400 personas asesinadas, pues todavía muestra todavía unos altos niveles de impunidad. Entonces, por supuesto, tenemos preocupación en ese sentido”, precisó la funcionaria.
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